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“Desde el caso de María Elena, atacada con ácido por un exdiputado priista cuyo caso aún se mantiene en impunidad, las amenazas a Consorcio Oaxaca, el asesinato del médico en la Costa, la detención arbitraria de Fredy García (integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas), de Wiliam García (quien fue también líder del FPR) y [las detenciones ilegales de] los campesinos de San Agustín Loxicha.
“El esclarecimiento del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, Arturo Salas Pimentel, la imposición de megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec sin consulta a los pueblos, la difícil situación en San Mateo del Mar, la intromisión de la GN en la zona Triqui, las amenazas de muerte contra el cabildo de Santa María Peñoles, las agresiones de corporaciones mineras, son la muestra de la forma de gobierno que tenemos y los intereses que defienden”, mencionó por citar algunos ejemplos.
En conferencia de prensa, Otalo Padilla también exigió que se esclarezca el asesinato de Tomás Martínez, castigo a los autores materiales e intelectuales de su homicidio, y demandó a la Fiscalía General del estado no retrasar las investigaciones, porque de lo contrario evidenciaría la complicidad del Estado en el crimen.
Otalo Padilla hizo responsable al gobierno de Oaxaca de cualquier agresión de la cual puedan ser objeto los integrantes del movimiento social en la entidad, y pidió a los organismos de derechos humanos dar seguimiento a la situación que se vive en el estado contra los activistas y miembros de las diferentes organizaciones sociales.
Por último, anunció que el próximo sábado 26 de septiembre realizarán una marcha que partirá desde las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) hacia el Zócalo de la capital del estado.
Tras el asesinato de Tomás Martínez, la DDHPO dictó medidas cautelares a los miembros de la dirigencia de dicha organización, así como a familiares de las víctimas. Y solicitó también a la Secretaría de Seguridad Pública la adopción de una medida cautelar o precautoria que permita brindar seguridad a familiares de las víctimas y a dirigentes del FPR.
