Más de 70 organizaciones advierten afectaciones en menores de edad por “pin parental” en Oaxaca

Más de 70 organizaciones no gubernamentales y activistas se pronunciaron en contra de la iniciativa de diputados del Partido Encuentro Social (PES), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la 64 Legislatura del Congreso del Estado, a través de la cual buscan aprobar el “Pin parental” en Oaxaca.

El pasado miércoles 19 de agosto fue turnada a comisiones la propuesta de reforma al Artículo 74 de la Ley de Educación del estado, presentada por los legisladores locales Fabrizio Emir Díaz Alcázar y Arsenio López Mejía García del PES, María de Jesús Mendoza Sánchez del PAN, Victoria Cruz Villar y Aurora Bertha López Acevedo del PVEM.

Con esta iniciativa se busca que madres y padres puedan restringir a sus hijas e hijos el acceso a educación sexual en las escuelas bajo el argumento de “objeción de conciencia” de que ese contenido contraviene su moral. 

“[El ‘pin parental’] pretende reforzar el control que personas adultas pueden ejercer sobre la niñez y juventudes para mantenerlas vulnerables a diversos abusos sexuales, que constituyen crímenes y violaciones a sus derechos humanos. Del mismo modo, interpreta erróneamente que el principio del interés superior de la infancia es un derecho de los adultos, progenitores y cualquier otra persona”, denunciaron los 79 organismos civiles y activistas que firman el pronunciamiento.

En el documento argumentan que la falta de educación sexual tiene consecuencias en menores de edad, como el embarazo adolescente, que en México afecta a cuatro de cada 10 niñas víctimas de violencia sexual.

Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla son los estados con el mayor número de niñas embarazadas en el país.

Específicamente Oaxaca, dijeron, ocupa el tercer lugar en embarazos de menores de edad y abuso sexual infantil, mismo que ocurre sobre todo en el ámbito familiar, de acuerdo con datos de la Procuraduría Estatal de Protección a los Derechos de niñas, niños y adolescentes; además de que sólo el 5% de los casos logran ser denunciados.

Recordaron que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a menores de edad como sujetos de derecho, y no se les ha protegido de la discriminación sistemática que sufren por la omisión y/o acción del propio Estado.

“A pesar de que le corresponde a las y los diputados legislar con base en los tratados internacionales vigentes y ratificados por el Estado mexicano, constantemente atentan contra el bienestar de la infancia y la adolescencia”, señalaron.

En el pronunciamiento exigieron detener la intención de grupo de servidores públicos y representantes populares, que tienen por obligación velar por el cumplimiento de los derechos humanos para todos los grupos que integran la sociedad, especialmente a las infancias y adolescencias.

Y demandaron la existencia de políticas públicas encaminadas al cumplimiento del Artículo tercero constitucional.

Entre otras cosas, este Artículo constitucional establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá́ el conocimiento de las ciencias y humanidades, la educación sexual y reproductiva y, el cuidado al medio ambiente.

Trece estados

Además de Oaxaca, partidos políticos y organizaciones sociales de al menos otros 12 estados de la República han propuesto reformar leyes educativas para crear un “pin parental”, con el objetivo de que los padres de familia autoricen los contenidos que se enseñan en las escuelas y, con ello, limitar temas como la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva.

Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales se pronunciaron en contra del pin parental, cada vez son más los estados donde se aviva la discusión en torno a este tema.

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Aguascalientes y Nuevo León son las entidades donde los partidos Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN) han promovido la intervención de los padres en los contenidos educativos.

En el caso de Nuevo León, la iniciativa del pin parental fue votada y rechazada en el Congreso estatal, mientras que en Aguascalientes la Comisión de Derechos Humanos local impugnó las reformas educativas que ya habían sido publicadas en el Periódico Oficial.