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En la petición demandaron al mandatario estatal que pondere la salud y la vida de la infancia oaxaqueña por encima de los intereses económicos.
“La medida fue aplaudida por instancias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)”, señaló la petición.
Explicaron que se trata de una adición al artículo 20 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca.
Sin embargo, públicamente el gobernador Alejandro Murat ha manifestado públicamente su oposición a la reforma legal, de la que ha dicho que es deficiente y que la medida promoverá “el mercado negro”.
“El gobernador ha hecho eco de una campaña promovida por los comerciantes e industriales de los alimentos chatarra, que buscan descalificar la medida señalando falsamente que ocasionará una catástrofe económica, el cierre de comercios y el desempleo”, señalaron.
Además, sostuvieron que el desarrollo económico no puede ser a costa de la salud y la vida de la infancia oaxaqueña, y la libertad de comercio no debe estar por encima del derecho a la salud de las niñas y los niños.
“En México, la obesidad, la diabetes y la hipertensión son las tres principales causas de muerte, y en conjunto suman cerca de la mitad de todas las muertes ocurridas en el país.
Diversos estudios científicos han demostrado que existe una correlación clara entre estos problemas de salud y los hábitos alimenticios, y específicamente con el consumo de bebidas azucaradas y alimentos industrializados de alto contenido calórico”, agregaron los solicitantes.
