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“Los números jamás podrán refjelar en dolor de las 243 familias a quienes el Estado les falló, pues a cada una de ellas les fue negado su derecho a la vida y el impacto las alcanzó a ellas, sus hijas e hijos, madres, padres, hermanos, hermanas y a comunidades enteras”, lamentan las integrantes de la organización.
De acuerdo a sus registros, si bien estas regiones han variado a lo largo del período, ubicándose a veces en primero, segundo o tercer lugar, lo que sí ha sido permanente es que éstas tres regiones son las de mayores niveles de violencia contra las mujeres.
Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que de los 243 asesinatos violentos de mujeres que contabiliza GES Mujer, y que fueron cometidos tras decretarse y aceptarse la alerta, sólo 60 se tipificaron como feminicidio.
Sobre lo que representa la AVG, la organización explicó que es un mecanismo que permitió visibilizar en la esfera pública, los “elevados niveles de violencia hacia las mujeres y las niñas”, pero que también hizo visibles las “graves carencias institucionales para su prevención, atención y sanción”.
Ante ello considera que realizar las acciones para subsanar esas carencias, hará la diferencia. Aseguró que hace falta un plan de acción claro, coordinación interinstitucional y voluntad política.
“Tenemos derecho a vivir libres de toda forma de violencia. Alto a la Impunidad”, sentencia la organización.
