“A 6 meses de incendio en Juárez que dejó 40 migrantes muertos, Gobierno de México obstaculiza la justicia”
El INM, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la FGR revictimizan a familiares de fallecidos y heridos, negándoles asilo a sus parientes y no transparentando las indagaciones para castigar a los responsables de la cadena de mando que provocó la tragedia
Oaxaca de Juárez.- Las instituciones del Estado mexicano, de manera sistemática, han obstaculizado el acceso a la justicia a las familias de los 40 migrantes fallecidos, así como las reparación del daño a las 15 mujeres que resultaron gravemente heridas en el incendio del centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez ocurrido hace seis meses, la noche del 27 de marzo pasado, afirma en entrevista para EL UNIVERSAL Miriam González, vocera del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
El Imumi, junto a la Fundación para la Justicia: FJEDD y la organización Derechos Integrales en Acción se encuentran acompañando legalmente a ocho de las víctimas y el panorama que han detectado se resume en un sistema de encubrimiento de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) involucradas en un incidente que consideran pudo evitarse.
“El incendió fue la expresión final de un cúmulo de irregularidades, ya que pudo haberse evitado pues la CNDH había emitido más de 20 recomendaciones sobre las condiciones de los centro de detención del INM, detallando hacinamiento y precariedad de los lugares”, abunda la especialista.
Además del dolor de la tragedia y las pérdidas, los familiares llevan medio año sufriendo revictimización por parte del gobierno federal mexicano y los de los extranjeros fallecidos deben sumarse los 17 lesionados, algunos con quemaduras externas y órganos internos, así como complicaciones neurológicas y varios con extremidades del cuerpo amputadas.
“No sólo fue el incendio, también fueron las condiciones de la detención en una cadena de mando. En Juárez hubo redadas no sólo por parte de migración, sino por policías locales que estuvieron deteniendo personas que incluso contaban con documentos migratorios en regla y buscando asilo en Estados Unidos, lo cual también fue una grave violación que el gobierno de México se niega a aceptar”, expone.
La vocera del Instituto para las Mujeres en la Migración indica que estos no son hechos aislados, ya que desde 2020 su organización tiene registradas muertes de migrantes en estaciones de detención y cita dos ejemplos emblemáticos: Una mujer en Tenosique que falleció durante la pandemia de Covid-19 y una niña, en la Ciudad de México.
“No puede decir el gobierno federal que no sabía, siempre tuvo advertencias que algo así podría suceder o puede seguir pasando porque en seis meses pocas cosas han cambiado, además de que sigue al frente del INM Francisco Garduño Yáñez, lo que compromete la independencia y transparencia de las investigaciones”, subraya.
Para Miriam González la tragedia pudo ser mayor si no hubiera sido porque en 2021 entró en vigor la una ley que prohibió la detención de niñez y adolescencia migrante. De no haber existido, en Juárez hubiera habido niños muertos porque el registro de menores en centros de este tipo era común desde hace mucho tiempo.
“En seis meses siguen las familias de los fallecidos sin acceder a la justicia y tener medidas de reparación. El INM sigue poniendo en riesgo a las familias de los migrantes, hace unas semanas hizo público el gobierno federal los montos de indemnización, que no sólo no se han hecho efectivos, no han llegado y no han sido cobrados por los afectados, sino que lado al hablar de eso para quitarse presión los expuso a secuestro o extorsiones”, precisa la representante de la sociedad civil.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal, que realiza la documentación de cada caso para una resolución, tampoco ha presentado un plan o información del proceso que explique cuál será la ruta de la reparación del daño, por lo que las activistas de Imumi advierten que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende una reparación general que oculte toda la estructura de violaciones de derechos que hay al interior de las oficinas de migración.
Además de las irregularidades del INM en la investigación, González asegura que la CEAV ni siquiera ha registrado a las 15 mujeres sobrevivientes, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto un sinnúmero de trabas para que dos de las víctimas cuenten con asesoría particular.
“El INM pareciera que quiera aislar a las víctimas con la burocracia porque, además de negarles el acceso a la reparación del daño a unas vidas que nunca volverán a ser las mismas, sigue oponiéndose a la reubicación de los sobrevivientes, se niegan a que puedan traer a sus hijos o hijas, hermanos o madres o padres y así reunir a las familias”, finaliza.
