Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad denunció que continúa en la impunidad el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gemma García Soto, y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la implementación del Protocolo Nacional de Violencia Política, así como financiamiento suficiente para los mecanismos de protección a defensoras y autoridades en riesgo.
Mientras que al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, le exigió una política estatal de cero tolerancia a la Violencia Política por Razón de Género, acceso efectivo a la justicia para mujeres y acompañamiento a las familias de las mujeres asesinadas en el ejercicio de sus cargos.
La organización recordó que Gemma García fue asesinada el 15 de junio de 2025 y que, a un año del crimen, “la impunidad permanece intacta”.
En México, señaló Consorcio, se han registrado más de 525 casos de violencia política por razón de género ante el Instituto Nacional Electoral (INE), según datos hasta marzo de 2026. El 24.9 por ciento de las presidencias municipales del país están encabezadas por mujeres. Y en Oaxaca, entre 22 y 25 mujeres encabezan presidencias bajo el Sistema Normativo Interno, de 417 municipios que eligen por este sistema.
“La realidad dice que Oaxaca encabeza el Registro Nacional de Personas Sancionadas con 188 casos vigentes de violencia política por razón de género”, apuntó.
Pero también mencionó que, de acuerdo a los datos de su Plataforma de Violencia Feminicida, durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa se registraron 78 casos de violencia política por razón de género. En tanto que en los 42 meses y medio, desde el 1 de diciembre del 2022, se registran 39.
Consorcio mencionó además los feminicidios de Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, asesinada este año; Guadalupe Urban Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec; Hanna Alí Rosales, regidora de Huajuapan de León.
“El ritmo no ha disminuido y la gravedad ha escalado: ya no hablamos solo de obstrucción del cargo o violencia psicológica, hablamos de secuestros, como el de la presidenta municipal privada de su libertad en el propio Congreso del Estado”.