Abogados de Oaxaca van por juicio político contra 8 ministros de la SCJN por “obstruir reforma judicial”

Las sanciones contra los ministros consisten en la destitución e inhabilitación, en caso de que sea aprobado por los legisladores y senadores

Sociedad 14/10/2024 18:44 Juan Carlos Zavala Actualizada 23:09

Oaxaca de Juárez.— Abogados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) presentaron una demanda de juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes acusan de omisiones y de obstruir la aplicación de la reforma judicial.

El abogado Darwin Salvador Castro Guerrero explicó que en la demanda presentada ante la Cámara de Diputados federal, acusan a estos ocho ministros de incurrir en un ataque a las instituciones democráticas del país, de usurpar atribuciones y de infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, causando perjuicios graves a la Federación a y los 23 estados del país que aprobaron esta reforma.

“Han cometido acciones y omisiones… se extralimitan en sus funciones”, agregó, y afirmó que no existe ningún precedente en el país en el que se haya demandado juicio político contra los ministros de la SCJN.

Los ministros a los que exigen juicio político son Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, y a la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández.

También precisaron que la demanda se sustenta en los artículos 1, 8, 94, 109, 110, 114, 39, 133 y 134 de la Constitución Política de México.

“Se ofrecen pruebas y argumentos para identificar los actos y demostrar que puede tener otros efectos en el sistema democrático, republicano y representativo”, aseguró el abogado Eduardo Castillo Cruz.

La demanda de juicio de amparo se presentó el jueves 10 de octubre en la Cámara de Diputados Federal, y de acuerdo con Castillo Cruz, las sanciones contra los ministros consisten en la destitución e inhabilitación, en caso de que sea aprobado por los legisladoresy senadores.

 

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