Activista LGBTTTIQ+ denuncia que fue despedida injustificadamente en el Congreso de Oaxaca
Las agresiones en su contra, relató, iniciaron en el año 2023 cuando tomó asumió la titularidad del área de Seguridad y Resguardo, el ex militar Rodrigo Arturo Ramírez Pinacho
La activista de la comunidad LGBTTTIQ+, Sofía Fernanda Juárez Guandulain, denunció que fue despedida injustificadamente de su trabajo en el área de Seguridad y Resguardo del Congreso de Oaxaca, y que antes, fue víctima de hostigamiento y acoso laboral, así como de discriminación.
Las agresiones en su contra, relató, iniciaron en el año 2023 cuando tomó asumió la titularidad del área, el ex militar Rodrigo Arturo Ramírez Pinacho. El hostigamiento laboral inició con exigencias relacionadas con sus horarios, el exceso de carga laboral, la imposición de trabajo que no correspondía a sus funciones y la exclusión de actividades y proyectos.
También fue la única que no recibió el aumento del 20 por ciento en su salario en noviembre de 2023, como si lo recibió el resto de sus compañeros. Además, a través de la directora de Recursos Humanos del Congreso de Oaxaca, Azucena Nallely Anguiano, inició actas administrativas en su contra con el fin de afectarla en su trabajo.
Sofía Guandulain es una mujer trans que actualmente es Presidenta de Trans- Difusión Asociación Civil y Comisionada de la Diversidad Sexual por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas Capítulo Oaxaca.
En conferencia de prensa, exigió una sanción pública a funcionarios estatales por violencia transfóbica y discriminación dentro del Congreso del Estado de Oaxaca y que se garantice la no repetición de actos de discriminación para las mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
Responsabilizó de estos actos en su contra al director del área de Seguridad y Resguardo del Congreso del Estado de Oaxaca, Ramírez Pinacho, al director del Área Administrativa, Omar Maldonado, y Azucena Nallely Anguiano, directora de Recursos Humanos.
Sin embargo, también tiene conocimiento de personas dentro del Congreso que ordenaron una persecución contra ella y diputados que no quisieron tener un contacto directo con ella.
Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, sostuvo que este no es un caso de violencia mínima, considerando el contexto particular que tiene México de violencia hacia las mujeres trans.
“En general la comunidad de la diversidad sexogenérica vive en condiciones de discriminación, vulnerabilidad y violencia particular en nuestro país; en los primeros 15 días del 2024 se registraron 4 transfeminicidios y eso marcó ya la situación en la que estamos”, y agregó que en el Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) ha contabilizado 590 asesinatos de personas transgénero en todo México entre el 2007 y 2022, lo que genera un promedio de 53 asesinatos al año.
Filadelfo Aldaz Deciderio, integrante de la asociación civil Trans-Difusión y de la Comedora Comunitaria Nkä'äymyujkëmë Ja ntääk jyëën tyëjk, exigió que se garantice la reparación integral del daño, que incluye una compensación justa y adecuada por el daño moral, emocional y profesional ocasionado.
Asimismo, instó al Congreso del Estado a incluir políticas claras contra la discriminación, programas de sensibilización y capacitación a su personal, y la creación de mecanismos de denuncia efectivos y accesibles para prevenir futuros casos de acoso o discriminación.
