En un comunicado, la organización acusa que existen preferencias del gobierno del estado a favor de uno solo de los grupos, de los tres que existe, en esta zona que comprende más de 50 comunidades triquis.
“Como organización social con presencia en la región triqui, expresamos nuestra preocupación respecto al manejo actual del conflicto en la región triqui. Hemos observado con inquietud que se ha dado prioridad a un solo grupo en las agendas de trabajo recientes, lo que ha generado un sentimiento de marginación y desconfianza en nuestra región, así como en nuestra militancia”.
Entre sus peticiones resalta el diálogo inclusivo, en la cual solicitan que se convoque a todas las facciones en conflicto, para garantizar que sus demandas sean escuchadas y tomadas en cuenta.
Además, pide que el estado reconozca y respete las diferentes voces y perspectivas dentro de la comunidad triqui, “promoviendo un ambiente donde todas las partes se sientan valoradas y escuchadas”. Esto, porque existen tres organizaciones en las comunidades triquis: Mult, Ubisort y Multi.
También demandaron promover y proteger los derechos de todos los grupos en la región, a través de los diálogos y la inclusión de cada de los diferentes actores que permanecen en las comunidades, para así prevenir la violencia, “la exclusión de voces puede exacerbar la tensión y los conflictos”.
En este contexto pidieron de manera urgente una reunión para discutir y trabajar sobre una agenda alejada de la violencia. “Entendemos que la situación es compleja y requiere atención, pero creemos firmemente que la paz y la justicia solo pueden lograrse a través de un enfoque inclusivo. La voz de todas las partes involucradas es fundamental para alcanzar soluciones sostenibles y equitativas”, indicaron.
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Apenas, el pasado 8 de octubre, pobladores de al menos tres comunidades Yosoyuxi Copala, Rastrojo Copala y Tierra Blanca del municipio de Santiago Juxtlahuaca, circulan videos donde reportaron balaceras cerca de las escuelas y en las comunidades mencionadas, por estos hechos, el gobierno del estado nunca se pronunció, ni informó al respecto sobre las medidas implementadas para frenar la violencia, excepto los recorridos que mantienen las corporaciones de seguridad sobre la carretera federal Juxtlahuaca-Putla.
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