Acusan a CNDH de proteger a la Guardia Nacional por masacre de San Mateo del Mar, Oaxaca

Maderas del Sureste también señala la omisión y negligencia de la CNDH luego de que se le solicitó medidas cautelares en mayo de 2020 para el pueblo ikoots, solicitud que ignoró hasta que ocurrieron los lamentables hechos

Acusan a la CNDH de proteger a la Guardia Nacional por masacre de San Mateo del Mar, Oaxaca
Acusan a la CNDH de proteger a la Guardia Nacional por masacre de San Mateo del Mar, Oaxaca. Foto: Edwin Hernández
Sociedad 16/05/2022 20:32 Alberto López Morales / Corresponsal Actualizada 20:32

Juchitán.- La asociación civil, Maderas del Pueblo del Sureste, presentó un reclamo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque en la conclusión de sus investigaciones en torno a la masacre ocurrida el 21 de junio de 2021 en San Mateo del Mar, donde fueron asesinadas 15 personas ikoots, se buscó proteger a la Guardia Nacional (GN), y a su propia imagen.

En un documento difundido este lunes, en calidad de quejoso, el coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, Miguel Ángel García Aguirre, recordó que a raíz de una queja que presentó el 23 de junio de 2020 ante CNDH, por “la evidente violación de los derechos humanos en San Mateo del Mar”, el órgano autónomo omitió recomendaciones a la Guardia Nacional, misma que según la propia CNDH debió haber actuado para evitar la masacre de las 15 víctimas. 

“Derivado de nuestra queja se integró el expediente CNDH/2/2020/5068/Q, del que el 26 de abril de 2022, luego de un año y nueve meses, la CNDH emitió una serie de recomendaciones para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y para Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador de Oaxaca”, señaló.

Sin embargo, abundó, “la CNDH omitió por completo emitir recomendaciones explícitas, tanto para la Guardia Nacional, así como para la Policía Municipal y contra el ahora finalmente destituido expresidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, quien es responsable directo de toda la violencia desatada en el municipio de San Mateo del Mar”.

En el documento se acusa además que la CNDH omite también argumentar su recomendación desde un enfoque de pluralismo jurídico, dado que en todo el cuerpo del documento evita reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y en consecuencia omite también recomendar la protección del pueblo indígena ikoots.

El 21 de junio de 2020, la comunidad de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio ikoots de San Mateo del Mar, despertó consternada por el asesinato de 15 personas, quienes fueron lapidadas, incineradas y asesinadas con disparos de arma de fuego, pese a que inicios del mes de mayo de ese año, diversas voces pedían medidas cautelares para esa población.

Horas antes de esa masacre, recordó Miguel Ángel García Aguirre, los elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal, así como policías municipales, realizaban patrullajes en la zona, pero fueron omisos para detener la masacre y ahora, en su resolución, la CNDH “busca proteger a la Guardia Nacional y proteger su propia imagen”.

García Aguirre reprochó también “la omisión y negligencia de la propia CNDH, al haber sido advertida con suma anticipación, de la grave y delicada situación existente, habiendo recibido desde el mes de mayo 2020, la solicitud formal de urgentes medidas cautelares para el pueblo ikoots de San Mateo del Mar, solicitud que ignoró hasta que sucedieron los lamentables hechos”.  

“Externamos nuestra indignación pública en relación al actuar político de la Presidenta de la   CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que notoriamente busca proteger la institución de la Guardia Nacional y proteger su propia imagen, más que cumplir y hacer cumplir el respeto a los derechos humanos individuales y, sobre todo, colectivos, en nuestro país”, enfatizó Miguel Ángel García.

Esta la segunda ocasión que desde Oaxaca se acusa a la CNDH de evitar hacer recomendaciones a instancias y dependencias del gobierno federal, luego de que en marzo pasado dio a conocer un documento donde pide al gobierno de Oaxaca, así como al del municipio de Juxtlahuaca y a la fiscalía estatal, concretar el retorno de 143 familias triquis desplazadas por violencia.

En ese documento, acusaron las víctimas de desplazamiento forzado interno, la CNDH omitió emitir recomendaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), instancia federal responsable del retorno, a la cual se buscó exculpar desde el órgano presidido por Rosario Piedra Ibarra.

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