También exigió una investigación exhaustiva y transparente que sancione estas conductas del funcionariado público en todos los niveles, incluyendo el comunitario, particularmente por las denuncias contra Francisco y Adelfo Regino, sobre este último, a quien se le señala de encubrir la actuación de su hermano.
Sobre la violencia digital y el hostigamiento político contra la RAI, la Coordinadora expresó que les preocupa que se ponga en riesgo su integridad y la de sus familias a causa del pronunciamiento realizado el 12 de septiembre de 2023.
“Como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, CEDAW, Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Consenso de Montevideo, Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la Recomendación General número 39 de la CEDAW”, precisó.
Finalmente, solicitó de manera inmediata la intervención de las fiscalías especializadas, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y de los organismos de derechos humanos en el país y de Amnistía Internacional en el caso de Adriana Hernández y del hostigamiento hacia la Red Nacional de Abogadas Indígenas.