Acusan omisiones en Oaxaca para activar Alerta Amber para localizar a Carlos de 15 años

Oaxaca de Juárez.— La abogada, activista y directora de la asociación civil “Yureni”, Miriam Pascual Jiménez, denunció negligencias y omisiones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Comisión Estatal de Búsqueda ante la desaparición de un menor de 15 años de edad originario de Capulálpam de Méndez, comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca. 

Esto, explicó, porque se negaron a emitir un Alerta Amber e iniciar con el protocolo de búsqueda de manera inmediata, bajo el argumento de que no estaba en una situación de riesgo; y la emitieron cinco días después.

Carlos Enrique García Lucas desapareció el 27 de noviembre pasado. Ese día el menor de edad salió de su hogar sin ningún tipo de pertenencias y sin su celular, y fue la última vez en que fue visto por su familia.

De acuerdo con la información que ha podido recabar la familia, Carlos Enrique García fue visto en otras comunidades sobre la carretera 175 Oaxaca – Tuxtepec, y posteriormente en la ciudad de Oaxaca en un negocio dedicado a la distribución de artículos de venta por catálogo, y que él conocía porque a ello se dedica su mamá. 

También se le ha visto deambulando por la capital del estado, cada vez en peores condiciones.

Miriam Pascual denunció que la fiscalía de Oaxaca no activó la Alerta Amber hasta este domingo, y fue luego de que, a través de su asociación civil que pertenece a otras redes de alerta temprana y colectivos dedicados a la búsqueda de personas, se emitió una acción urgente para dar con el paradero del menor de edad. Esta acción urgente, dijo, también se envió al fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla.

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La actuación de la fiscalía de Oaxaca y de la Comisión Estatal de Búsqueda, señaló, es grave porque independientemente de que no haya un delito detrás de su ausencia, es un menor de edad que merece protección y merece la activación de la Alerta Amber.

La alerta, dijo, es un mecanismo especial que activa a distintas instituciones y actores como centrales camioneras, taxistas, entre otras, para iniciar con la búsqueda de la persona desaparecida. 

Este caso, afirmó, demuestra que las autoridades no saben identificar factores de riesgo ante la desaparición de un menor.

“Si es un niño de un contexto rural, es decir que nunca ha vivido en una ciudad, el origen indígena, en una ciudad que desconoce, en una ciudad donde no tiene redes de apoyo y donde tampoco cuenta con recursos ni con medios de comunicación, como un teléfono, para poder pedir auxilio en caso de alguna emergencia, pues para nosotras claro que significa una situación de riesgo alto”.

La abogada sostuvo que en México todas las desapariciones son desapariciones forzadas desde el momento u hecho de que las autoridades no actúen. No sólo es una negligencia, puntualizó, sino una violación muy grave a los derechos humanos “que puede rayar en una desaparición forzada” por la omisión de activar los mecanismos de protección urgente.

“Para mí podría configurar incluso una desaparición forzada porque al ser negligente, al ser omisa está obstaculizando su localización, porque además el Estado tiene toda la infraestructura, o sea, me refiero al Estado mexicano y en este caso, también al gobierno de Oaxaca, tiene la infraestructura para poderle localizar, tiene cámaras de vigilancia tanto las públicas como las cámaras de negocios”.

Hasta ahora, expresó, el menor de edad sigue sin ser localizado y afirmó que ni la Fiscalía  General de Oaxaca ni la Comisión Estatal de Búsqueda han iniciado con los protocolos para dar con su paradero. La información que se ha recabado en torno a su desaparición es por lo realizado por la familia.

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También manifestó que existe preocupación de la familia por el estado de salud y las condiciones en las que se encuentra el menor de 15 años, y por el riesgo de vulnerabilidad al que se enfrenta.

Foto: Especial