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Organizaciones sociales de Oaxaca advirtieron una crisis en los derechos humanos de los jóvenes en el estado, relacionada con la violencia, discriminación, falta de acceso a empleos dignos, desapariciones, criminalización, y diversas desigualdades.
Esta crisis genera graves impactos en sus vidas, bienestar social y en su futuro, según las asociaciones entre las que se encuentran Centro Calpulli, Colectivo Chatino, Colectivo Diálogos, Corazón Mixteco y Fundación MSI.
Las cifras, sostuvieron, son alarmantes: en los últimos tres años han desaparecido 900 niñas y mujeres, en su mayoría entre los 12 y 19 años de edad; los jóvenes reciben ingresos en promedio de 33.8 por hora, de acuerdo con el Inegi, y esta precarización obliga a muchas a migrar, a incorporarse a economías ilegales, las fuerzas armadas o al crimen organizado como única alternativa de subsistencia.
A estos datos, señalaron, se suman que las juventudes afrodescendientes e indígenas enfrentan barreras estructurales por razones de racismo, discriminación lingüística y despojo territorial.
Sus formas de vida, organización, cultura y trabajo siguen siendo invisibilizadas o reducidas a estereotipos, sin acceso real a políticas públicas que reconozcan su derecho a decidir cómo vivir y desarrollarse, desde sus propias cosmovisiones y saberes comunitarios.
Mientras que las personas de la diversidad sexual padecen hostilidad en los espacios laborales y educativos, así como la exclusión.
“Lo que ha orillado a muchas personas trans, no binarias, lesbianas y gays a iniciar trabajos informales o sexuales desde edades tempranas, esta exclusión les orilla a la informalidad, donde la falta de derechos laborales, seguridad social y acceso a servicios básicos incrementa su vulnerabilidad y exposición de violencias múltiples”.
Y en los espacios universitarios persisten prácticas normalizadas de violencia sexual, acoso, hostigamiento laboral, discriminación por identidad de género, preferencia sexual, racismo y clasismo, y la exclusión sistemática de las juventudes con discapacidad, quienes enfrentan no sólo barreras físicas, sino culturales y actitudinales que limitan su participación en espacios educativos, laborales, comunitarios y de toma de decisiones.
Ante este escenario, demandaron la construcción de políticas públicas interseccionales que partan del diálogo real con juventudes urbanas, rurales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexogenérica.
Y el reconocimiento del trabajo digno como un derecho humano, con políticas que garanticen condiciones laborales justas, libres de violencias, con seguridad social y sin discriminación por edad, género, orientación sexual, identidad cultural, discapacidad o corporalidad, entre otras recomendaciones.
