“Las comunidades han relatado para IPRI una serie de proyectos económicos, que se desarrollan en el marco de los procesos de militarización en Oaxaca, Chiapas y Michoacán: la extracción de grava, la privatización de un ojo de agua y la amenaza de la instalación de una planta de Coca Cola en Bachajón, la operación legal e ilegal de la minera Ternium en la costa de Michoacán y el Corredor Interoceánico”, destaca el texto.
Según el IPRI, la manera de operación política de las Fuerzas Armadas consiste en una coordinación con los poderes locales para el control de las autoridades agrarias, además de violentar el derecho a la autonomía.
La estrategia, agrega, en los hechos desconoce el derecho al territorio de los pueblos indígenas, “pues los restringe a lo contemplado por las leyes agrarias, cuando ese marco legislativo es restrictivo y no se apega a los controles de convencionalidad. Asimismo, alimenta una dinámica de división y confrontación entre comunidades”.
Otra de las maneras indirectas en las que impacta la militarización al derecho al territorio, asegura, es la prohibición del uso de armas por parte de las comunidades, cancelando de esa manera la posibilidad de continuar con actividades ancestrales como la caza.
“Esto limita el aprovechamiento de las comunidades de sus recursos e influye en el control de su territorio con otras prohibiciones militares para circular libremente o atender sus parcelas, esto afecta la realización de fiestas tradicionales y modifica la relación sociocultural de las comunidades con su territorio”, afirma.
