Advierten zoques de Chimalapas a SCJN: paz social está en riesgo mientras no resuelvan controversia
“Por experiencia en 54 años de lucha, no nos confiamos y nos preparamos para cualquier escenario”, señala el presidente de los comuneros de Santa María Chimalapa
Juchitán de Zaragoza.— Entre los pobladores de San Miguel y Santa María Chimalapa se percibe un ambiente de desconfianza, tensión, ira e incertidumbre, sobre todo en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, en la zona oriente de ambos municipios zoques, justamente donde Oaxaca y Chiapas se disputan 150 mil hectáreas de selvas y bosques.
Desde hace unas tres semanas, las autoridades comunales e integrantes del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas convocaron a reuniones campesinas para informar que muy pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictará sentencia sobre la controversia constitucional del 20 de diciembre de 2012.
En ese entonces, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se vio obligado por las autoridades agrarias y municipales de San Miguel y Santa María Chimalapa a presentar la controversia constitucional, a contracorriente de su consejero jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres, quien, a juicio de los zoques, puso en peligro la soberanía de Oaxaca.
De aquel lejano 20 de diciembre de 2012, cuando Hugo Aguilar, segundo de a bordo de Adelfo Regino, al frente entonces de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, tomó un vuelo a la Ciudad de México para presentarse ante la SCJN, llevando consigo 12 cajas de cartón que contenían toda la documentación de la controversia, han pasado nueve años, por dilaciones del gobierno chiapaneco.
“Por experiencia en 54 años de lucha, no nos confiamos y nos preparamos para cualquier escenario”, señala el presidente de los comuneros de Santa María Chimalapa, Julián López.
Tampoco confían, añade, en el gobierno de Oaxaca, ya que desde hace un año y cuatro meses, el consejero jurídico José Octavio Tinajero “no nos recibe y tampoco nos ha informado nada sobre los avances de la controversia”. En la zona oriente de Los Chimalapas, donde ganaderos y talamontes se han apropiado de 150 mil hectáreas con el aval del gobierno chiapaneco, “no se ha ido a parar”.
“Venga como venga la resolución de la SCJN, si nos favorece a Oaxaca y a los comuneros zoques o si falla a favor de Chiapas, ganaderos y talamontes, nosotros responderemos como siempre lo hemos hecho desde 1967, cuando las autoridades federales del país nos titularon las casi 600 mil hectáreas de tierras: defenderemos nuestros recursos al precio que sea”.
Foto: Especial
El presidente de los comuneros de Santa María Chimalapa no oculta su preocupación por el ambiente que ha encontrado ente los zoques, sobre todo los que viven en la zona del conflicto: no solamente desconfían de la SCJN, sino que hay mucha tensión, incertidumbre y “encabronamiento”, asegura.
“Allá en la montaña, El Quebrachal, San Antonio, Benito Juárez y José López Portillo, la comunidad anda inquieta, la gente ya quiere presionar a la SCJN y a las autoridades con todo tipo de manifestaciones”, revela el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre.
“La verdad está costando trabajo contener ese clima de agitación provocada, además porque el gobierno de Oaxaca ha permanecido distante de la lucha por la defensa del territorio oaxaqueño frente al incesante activismo mostrado por las autoridades chiapanecas. Ese abandono ha alimentado el clima de encabronamiento”, añade.
A lo largo de los últimos 54 años, los indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa han protagonizado duras batallas, como la que libraron en 1977 para expulsar de su territorio a la empresa maderera Sánchez Monroy (Michoacán), y desmantelar 25 aserraderos donde concentraban la madera para su transformación.
Uno de los dirigentes con mucha historia en la defensa de la selva zoque y del territorio oaxaqueño es Gilberto Rafael Pacheco, quien en los primeros días de diciembre de 1986 participó al lado de su comunidad para detener a Ernesto Domínguez (hermano del entonces gobernador chiapaneco, el general Absalón), acusado de devastar la selva de Los Chimalapas.
“En el ánimo de nuestra gente hay desesperación y zozobra. Tienen razón porque esa controversia, que podría tratar de resolverse en tres años, desde que fue admitida por la SCJN en diciembre de 2012, lleva nueve años y en ese lapso, los compañeros que viven en la zona del conflicto, en los límites de Oaxaca y Chiapas, muestran molestia por la incertidumbre en que permanecen”, dice.
Por su parte, el dirigente zoque de San Miguel Chimalapa, Álvaro Román Ríos, quien fue solidario activo con los comuneros de Santa María Chimalapa en la recuperación de 13 mil hectáreas que estaban en manos de pequeños propietarios de la colonia Cuauhtémoc (Matías Romero), en 2005, comenta que allá arriba, la gente asegura que no van a permitir el despojo de sus tierras.
Frente a ese panorama, en el que se respira la tensión y la indignación, el dirigente zoque de Santa María Chimalapa, Julián López, le manda a decir a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “mientras más tarden en emitir su sentencia, más riesgos hay de que estalle la violencia contenida en los últimos nueve años. Creo que pocos perciben que en Chimalapas está en riesgo la paz social”.
