Ante riesgo de violencia, Defensoría de Oaxaca llama a intervenir en conflicto de límites en la Sierra Sur
El órgano autónomo emitió una Alerta Temprana a autoridades estatales para que se eviten daños irreparables y violaciones a los derechos humanos
Oaxaca de Juárez.– Luego de que este fin de semana un ataque armado reactivó un conflicto limítrofe entre San José Quianitas y Santa María Quiegolani, la cabecera municipal a la que pertenece esta comunidad de la Sierra Sur, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana en la que solicitó una atención integral y efectiva al gobierno estatal.
El llamado de la de la Defensoría se da luego de que este sábado un grupo fuerte armado encabezado por autoridades comunales de Quiegolani, bloqueó las entradas a dicha comunidad y le cortó la energía eléctrica, dejando a sus habitantes incomunicados. Como resultado del ataque se reportó al menos una persona lesionado.
Fue ante el riesgo de que este conflicto por límites territoriales escalé y llegue a producir “daños de difícil o imposible reparación en detrimento de los derechos humanos de las personas que habitan esas comunidades”, que el órgano autónomo llamó a la Secretaría de Gobierno (Sego), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y a la Fiscalía General del Estado (FGEO),a que se atienda la problemática y “se propicie la conciliación y la resolución del conflicto”.
De acuerdo con la Alerta Temprana, la agencia de policía de San José Quianitas y Santa María Quiengolani, sostienen un añejo conflicto de límites territoriales que desató este sábado nuevas agresiones en contra de los pobladores de la primera.
El sábado, a través de un comunicado firmado por el agente de Quianitas, Epitacio Pérez Martínez, y el representante de Bienes Comunales, Eusebio Martínez López, se denunció que las autoridades de Quiegolani estaban armados y boquerón entradas y salidas de la comunidad “cavando zanjas con una retroexcavadora”.
Según la denuncia, el motivo de la agresión es que la cabecera se quiere apropiar de los recursos públicos que les tiene que otorgar por ley, cada año, pues argumenta que Quianitas es un anexo agrario, por lo que no reconoce de su territorio comunal.
Desde el 31 de diciembre pasado este conflicto se reactivó cuando las autoridades de la cabecera retuvieron y golpearon a 29 campesinos, por lo que pidieron la intervención de los gobiernos estatal y federal antes de que ocurriera una tragedia.
“No sabemos hasta cuándo dure este bloqueo, tampoco sabemos cuánto dure el suministro de medicinas a nuestra casa de salud o la economía que gira en torno a nuestras tiendas que venden los artículos de primera necesidad”, señalaron en el documento.
Ante esta situación este lunes la Defensoría solicitó a la Sego su colaboración para que “mediante acciones pertinentes con base en el diálogo y la concertación, en coordinación con las instancias de gobierno que pudieran abonar en la atención del caso, se atienda la problemática”.
A la Secretaría de Seguridad le pidió que establezca un plan basado en el respecto a los derechos humanos y en especial los derechos normativos internos de ambas comunidades, para “garantizar la seguridad, la paz social y el libre tránsito de los habitantes de las comunidades de San José Quianitas y Santa María Quiegolani, y demás personas que transiten por esa zona”.
Mientras que a la Fiscalía General del Estado, la DDHPO la instó a que realice las acciones necesarias para investigar los delitos que se hayan cometido y a los SSO que brinde la atención médica especializada a los habitantes que resulten afectados.
Finalmente el organismo hizo un llamado a la agencia de policía de San José Quianitas y al municipio de Santa María Quiegolani, para que “antepongan el interés común de la población, y el diálogo como medio para solucionar el conflicto existente”, velando siempre por el respeto de los derechos humanos.
