Autoridades municipales y organizaciones sociales, principales agresores de periodistas en Mixteca de Oaxaca, denuncian

Santiago Juxtlahuaca. - Periodistas y comunicadores de la región Mixteca denunciaron ante representantes del gobierno estatal y federal que son autoridades municipales, de justicia y organizaciones sociales las que mayormente atentan contra su trabajo; además, exigieron una ventanilla de Defensoría autónoma de las autoridades locales y del estado.

En esto coincidieron los asistentes al Diálogo Regional de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas con representantes de la Secretaría de Gobernación federal (Segob) e integrantes del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, realizado en Tlaxiaco.

"Son los presidentes municipales, líderes de organizaciones sociales y autoridades del Ministerio Público quienes mayor acosan e intimidan nuestro trabajo", señaló uno de los comunicadores incorporado al Mecanismo de Protección.

El Diálogo Regional tiene como fin impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante agravios a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, reconoció que el crimen organizado es el principal factor de riesgo para el trabajo de los periodistas y defensores.

"Mientras prevalezca la impunidad, es difícil garantizar el trabajo de los defensores; la mejor medida que puede tener el ciudadano es el acceso a la justicia, a la reparación", exhortó.

Otro periodista, incorporado también al Mecanismo, coincidió en que no existen garantías, para llevar a cabo la labor periodística. Asimismo, algunos manifestaron que el "botón de pánico" no funciona debido al contexto de la región, en donde no hay redes de comunicación.

El Diálogo Regional inició entre protestas y exigencias de familiares de desaparecidos en la región, así como de pobladores de Guerrero Grande, Ndoyonoyuj y Mier y Terán, víctimas de desplazamiento forzado desde octubre pasado.

Los manifestantes denunciaron que las autoridades han sido incapaces de resolver sus demandas, además de “dejarlos en el abandono, sin alimentos y sin viviendas hasta ahora”.