Burocracia y criminalización, obstáculos que enfrentan familias de víctimas de desaparición en Oaxaca
Las familias enfrentan en Oaxaca al “burocratismo” que implica levantar un acta sobre desaparición, la inacción y opacidad de instituciones, así como la criminalización de las víctimas
Oaxaca de Juárez.- Para las familias con una persona desaparecida el proceso para denunciar su desaparición y para que las autoridades realicen acciones de investigación y de búsqueda es “lastimoso” y “revictimizante”, un “viacrucis muy lento”, asegura Ricardo Martínez Santiago, quien forma parte del colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia y del consejo ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca.
Las familias no sólo se enfrentan al “burocratismo” que implica levantar un acta sobre la desaparición de un familiar, explica, sino también a la inacción y opacidad de instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como el desdén de las autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del gobierno del estado, y de los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado.
La excepción, dice, es cuando la desaparición de una persona atrae la atención de los medios de comunicación, como el caso de la activista desaparecida Sandra Domínguez Martínez, o por la presión que realizan en medios de comunicación y en redes sociales, los colectivos de las familias de personas desaparecidas. Sólo en estos casos, afirma, es cuando las autoridades realizan acciones de búsqueda e investigación.
“Para las personas comunes y corrientes, que somos todos, ahí sí no hay nada. No nos voltean a ver, nos hacen dar muchas vueltas”.
Ricardo Martínez junto con otras tres familias conformaron el colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia, ante la falta de atención de las autoridades para buscar a sus familiares. Actualmente, el colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia está formado por 20 familias, con igual número de casos.
En su caso, su hermano José Alberto Martínez Santiago desapareció el 15 de octubre de 2016. El último reporte que se tiene de él, es que se encontraba en su domicilio particular ubicado en la colonia Antiguo Aeropuerto de Santa Lucía del Camino, un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez, según los reportes de ubicación de su celular. Desde entonces, no se sabe nade y no hay ningún avance en las investigaciones.
Cuando su hermano desapareció, no había una fiscalía especializada para atender las desapariciones, una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ni una Comisión Estatal de Atención a Víctimas. “Fue un proceso engorroso hacer la denuncia… las familias estábamos totalmente desamparadas”, expresa.
“Por motivo de la desaparición de mi hermano y la falta de interés de las autoridades en la atención de nosotros, como víctimas, fue que se formó el colectivo, lo iniciamos cuatro familias y de ahí fue el primer colectivo a nivel estado que se formó”.
Sin embargo, advierte que las cosas no han cambiado mucho, pese a la aprobación de nuevas leyes, el establecimiento de protocolos de búsqueda como los llamados Alba y Rosa, y la creación de las comisiones de Búsqueda de Personas y de Atención a Víctimas.
“Yo veo que las familias que tienen un desaparecido, les cuesta mucho trabajo que los volteen a ver, solamente si hacen presión a través de los medios de comunicación, o redes sociales, es como voltean a verlos”.
Criminalización
Ricardo Martínez sostiene que el primer obstáculo se encuentra en la misma Fiscalía de Oaxaca, porque los ministerios públicos dicen a las familias que tiene que esperar 72 horas para presentar la denuncia por desaparición, cuando la ley establece que se puede presentar con tan sólo unas horas en que haya ocurrido y cuando se presuma que está en peligro su vida.
A esto se suma que tardan de dos a tres meses para solicitar la sábana de llamadas de la víctima y la geolocalización del celular, para agilizar la búsqueda y las compañías se tardan también entregar esta información. Aquí, también la ley establece que las autoridades están obligadas a solicitar esta información de inmediato.
Y como integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca, organismo creado para vigilar la actuación tanto de la comisión como de las autoridades responsables, señala que la actual titular Michel Julián López no los ha recibido, pese a la solicitud que le entregaron en diciembre del año pasado.
Al igual que la anterior titular la Comisión, agrega, sólo ha entregado un informe parcial sobre la forma en que se ejercen los recursos para las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, y aunque la ley establece que deben estar en contacto con el Ejecutivo Estatal y Seguridad Pública, ni el gobernador Salomón Jara Cruz, ni el titular de la SSPyPC, Iván García Álvarez, han querido recibirlos.
“Nos hacen a un lado, no nos entregan información sobre lo qué están haciendo y no nos quieren dar atención”, asegura y adelanta que de no tener respuesta, tendrán que tomar otras vías, como interponer una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Además, en este proceso, dice, las personas desaparecidas tienden a ser “juzgadas” y “sentenciadas” por las autoridades, quienes las acusan de tener presuntos vínculos o actividades criminales o ilícitas. Esto, acusa, es criminalizar a las víctimas y revictimizar a las familias. Y tampoco, apunta, se aplican los protocolos de búsqueda establecidos en el país, que tienen el objetivo de agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas.
Esto precisamente es lo que viven actualmente las familias de los siete jóvenes desaparecidos con quienes se perdió contacto mientras realizabam un viaja a Puerto Escondido.
Localizan en Oaxaca tres vehículos de los siete jóvenes desaparecidos que viajaban a Puerto Escondido. Apenas este martes tres de los vehículos en los que presuntamente viajaban las siete personas que se encuentran desaparecidos desde el pasado 7 de enero fueron encontrados en el municipio de Ejutla de Crespo, cerca de la desviación a la autopista que lleva a la Costa.
De acuerdo con el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, son sólo siete las denuncias, contrario a lo afirmado por la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca, Michel Julián López, quien afirmó que son ocho los desaparecidos y pese a que inicialmente los familiares de las víctimas, afirmaban que eran hasta 14 las personas.
Rodríguez Alamilla insistió en que seis de las siete de las personas desaparecidas cuentan con antecedentes penales y agregó que tenían diferentes actividades económicas: mecánicos, prestamistas, repartidores de comida, carpinteros, albañiles y una persona a la que se le identificaba como ortopedista.
“Estamos verificando esa información. Al final de cuentas es parte del proceso que nosotros como Fiscalía tenemos que hacer para, justamente, ver si la condición o el trabajo que ellos desarrollaban pudieron haberlo puesto en algún nivel de riesgo en torno a este proceso de desaparición”.
El fiscal dijo que estas personas fueron convocadas, a través de llamada telefónica para viajar a la región de la Costa de Oaxaca por una persona a quienes ellos identificaban o denominaban "El Patrón", y que todas las víctimas vivían en las agencias de San Martín Mexicapam y Montoya de la ciudad de Oaxaca, y se conocían entre sí.
