Buscan en Oaxaca que por ley deudores alimentarios morosos no lleguen a cargos públicos
La propuesta prevé la reforma a la Constitución de Oaxaca y a siete leyes secundarias; gobierno estatal busca que las personas integrantes del servicio público “pongan el ejemplo a toda la sociedad”
Oaxaca de Juárez.— El gobernador Salomón Jara Cruz presentó Ante el Pleno del Congreso de Oaxaca un paquete de reformas a la Constitución Política Local, así como a diversas leyes estatales, esto con el objetivo de “restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
Esta iniciativa, asegura el gobierno de Oaxaca, busca garantizar el Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes respecto al derecho alimenticio como seguridad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
La propuesta prevé la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a siete leyes secundarias, para establecer como requisito para fungir como servidores públicos, “no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente”.
El gobierno estatal profundizó que con estas acciones se busca que las personas integrantes del servicio público “pongan el ejemplo a toda la sociedad” y el derecho a los alimentos sea extensivo a todas las comunidades de la entidad, y “se convierta en un principio socialmente arraigado”.
La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
Entre estos órganos autónomos estatales, destaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, entre otros.
También se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. Y a personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado. “Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores”, indica la propuesta.
