En un pronunciamiento, explicaron que el esquema fiscal impuesto por el gobierno forestal y de los estados a las empresas forestales comunitarias conlleva cargas excesivas y no considera su objeto social, ni las particularidades de la operación forestal. “Todo lo cual desincentiva en gran medida las iniciativas productivas comunitarias”.
“No obstante, en ese esfuerzo y resistencia las comunidades están siendo fuertemente afectadas y encuentran una acción gubernamental claramente limitada e insuficiente, y en ocasiones dañina, que deja a los territorios forestales y a las personas que los habitan en situaciones de una alarmante vulnerabilidad”.
Ante la grave situación que se vive en los territorios forestales las comunidades, convocaron a las nuevas autoridades federales, a “mantener un diálogo permanente con los representantes ejidales y comunales que coadyuve y genere insumos para la implementación de una política forestal y agraria que contribuya efectivamente a reforzar la gobernanza comunitarias, la propiedad y trabajo colectivo, el cuidado del territorio y el manejo forestal comunitario”.
Las comunidades y organizaciones comunitarias de Oaxaca que suscribieron este pronunciamiento, se encuentran los Pueblos Mancomunados, Consorcio Forestal Comunitario de Oaxaca, San Pedro el Alto, Zimatlán, Unión de Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), Comunidad indígena de Ixtlán, Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ), Sistema Comunitario para la Biodiversidad (SICOBI), Santiago Comaltepec, Calpulalpan de Méndez y Comunidad Santiago Xiacuí.