Carlos Morales, abogado de Oaxaca que promovió la primera demanda de amparo en lengua indígena
El abogado narra el proceso de revolución que significó promover la traducción de leyes en diferentes lenguas indígenas, una lucha "contra la castellanización" y en favor de los derechos de las comunidades
“En el 2006, el derecho a la lengua indígena era un derecho lejano. Un derecho que no les importaba a las autoridades, quienes hacían todo lo posible por simular el cumplimiento de ese derecho”, relata Carlos Morales Sánchez, abogado zapoteca del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca y el primero en promover una demanda de amparo en lengua indígena.
Ese año, tuvo la oportunidad de defender a una persona indígena mujer hablante del chinanteco que estaba presa en el entonces Centro Penitenciario de Ixcotel, ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino, población conurbada a la ciudad de Oaxaca.
Esta mujer indígena no tenía ningún conocimiento del español y, junto con Juventino Pérez Gómez –abogado hablante de la lengua chinanteca–, elaboró la primera demanda de amparo en lengua indígena.
“Con Juventino trabajamos varios días trasladando el farragoso lenguaje jurídico a la dulce lengua chinanteca”, apunta.
Carlos Morales fue defensor federal durante 12 años en los que sentó precedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y actualmente es presidente de Litigio Estratégico Indígena, una asociación civil que también ha promovido amparos para el rescate de diversos ríos del estado de Oaxaca.
“Aun cuando el artículo 2 constitucional establecía el derecho a la preservación de la lengua, no establecía de manera expresa que las personas indígenas pudiesen promover, es decir, presentar escritos en lengua indígena”, explica que por esa razón, el primer amparo en lengua indígena “fue una revolución”.
“Las redes sociales aún no tenían la fuerza que tienen ahora y en las incipientes redes sociales se habló de esa primera demanda construida en lengua chinanteca. Hay estudios realizados por la UNAM que documentaron esa pequeña gesta y he dado conferencias en diversas partes del mundo sobre esa demanda”.
A partir de entonces, afirma Carlos Morales, es que inició un camino por la defensa del derecho a la lengua indígena, y esa primera demanda “fue la piedra de toque”.
El abogado zapoteco señala que las personas indígenas se dieron cuenta que podían promover demandas en su lengua y no tenían por qué someterse al “monopolio del castellano”.
“Hicimos de los expedientes judiciales un espacio de lucha contra el idioma hegemónico. Esa demanda de amparo permitió apreciar que nuestra lengua también tenía valor. Así empezó la lucha por el respeto a las lenguas indígenas: hoy hay libros, leyes, sentencias, infografías y programas en lengua indígena.
"Sin duda que aquella primera demanda de amparo hizo que perdiéramos el miedo a expresarnos en nuestra lengua y detonó el avance que hoy tenemos”, sostiene.
Pero la lucha no terminó ahí, asegura. Posteriormente continuaron judicializando el derecho al intérprete para las personas indígenas en conflicto con la ley penal porque encontraron que en México no se respeta el derecho a recibir el derecho en las lenguas originarias.
“La Constitución, las leyes, los códigos están escritos en castellano con menosprecio a las lenguas indígenas”, afirma.
Por eso, en el año 2014 el abogado promovió una demanda de amparo para que la reforma constitucional indígena de 2002 se tradujera a la lengua mixe de Puxmetacán. Después de tres años de este litigio, la Segunda Sala de la SCJN concedió el amparo y ordenó traducir la reforma constitucional indígena al mixe de Puxmetacán.
Después, replicaron este juicio con la lengua zapoteca del Istmo de Tehuantepec, con el mixe de Guidxicobi, con el ombeayiüts de los Ikoots, con el mixteco de Tlaxiaco y el zoque de los Chimalapas.
“Gracias a ese trabajo de sensibilización hoy tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos traducida a diversas lenguas en el país. Y Litigio Estratégico Indígena sigue haciendo litigio para crear leyes ante la omisión de las autoridades de dar cumplimiento a lo ordenado en la propia constitución”.
Está pendiente de elaborarse, señala, en cumplimiento de una sentencia de amparo de la Segunda Sala de la SCJN la ley de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas de México.
“Seguiremos presionando para que la sentencia de la Suprema Corte se cumpla ante la renuencia del Congreso de la Unión de construir dicha ley tan necesaria. Cabe decir que en Oaxaca contamos con ley de consulta previa porque fue construida con base en un juicio que Litigio Estratégico Indígena promovió”.
Adicionalmente, menciona que están litigando el derecho de las personas indígenas de la Mixteca y el Istmo a contar con la señalización de las calles en lengua indígena.
“Es importante transmitir el mensaje de que no basta con que los derechos estén en la Constitución o en las leyes. Todavía es necesario que dichos derechos se hagan realidad”, finaliza.
