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También solicitó saber si fueron otorgados mediante licitación pública o invitación restringida, los documentos de la convocatoria, bases, junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, y la notificación de fallo. Y si el contrato o contratos fueron por adjudicación directa, cuáles fueron las razones para realizarlo de esta manera.

“De publicitarse pondría en riesgo la vida y salud de las personas, por tratarse de información que atiende a la protección de un interés público superior para la sociedad, misma que de difundirse, pone en riesgo el almacenamiento final de los residuos sólidos urbanos que generan los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez”, señala la respuesta.

“En principio era así, pero ya debemos abrirla. Y debo decir que hemos gastado más de 80 millones de pesos en esta transportación, es una cantidad muy fuerte, muy importante, y que no hay otra solución más que esa. La propia sociedad ha conocido de las diversas incidencias que hemos tenido al respecto... Es una empresa transportista sindical que es la que está manejando la situación”, señaló en entrevista.
También afirmó que el contrato de más de 80 millones se asignó por adjudicación directa “porque es un asunto bastante problemático de decidir”, por lo que la elegida es un conglomerado de sindicatos y empresas, y que los residuos se envían a Cholula, Puebla, y al estado de Veracruz.

“En Oaxaca hay una serie de sindicatos y empresas que manejan este tipo de transportación, y por otra parte, hay cierta especialización y no cualquiera tiene góndolas, entonces tuvimos que buscar”.
Martínez Neri detalló que a la empresa se le paga por viaje y aseguró que en dos semanas se brindará un informe a los regidores que conforman el ayuntamiento de la ciudad, y ahí se transparentará la información relacionada con este contrato y la empresa a la que se le asignó de manera directa.
Esta empresa fue creada el 8 de enero de 2015 en el municipio de Zimatlán de Álvarez, ante el notario público Eduardo García Corpus, hijo del exdiputado por el PRI, Manuel García Corpus, con un capital de 500 mil pesos y en sociedad de Alejandra Cuevas Anguiano, Norma Irma Rivera Piñón y Aurora Elena García Ríos.
El 17 de enero de 2018, estas tres socias cedieron “a título gratuito” todas sus acciones a Ignacio Germán Jerónimo Luis y a Erminia Méndez Ramírez, bajo el argumento de que “ya no les seguirá siendo posible estar en la sociedad”.
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