Lo anterior, puntualizó, en detrimento del derecho a la salud y a una vida libre de violencia obstétrica.
Al día siguiente, el 21 de marzo, le informaron que la bebé recién nacida estaba grave y que la iban a intubar; posteriormente, le comunicaron que sus pulmones estaban dañados y no había nada que hacer; y minutos después le comentaron que había fallecido.
“Con base en las evidencias obtenidas, esta Comisión Nacional confirmó que no se dio un seguimiento adecuado al trabajo de parto ni a la vigilancia del bienestar materno-fetal”, aseguró el organismo.
En su recomendación afirmó que tampoco se identificaron señales de alarma de pérdida de bienestar, lo que llevó a la aspiración de meconio por el recién nacido y a una afección pulmonar que persistió por más de 24 horas sin que se tomaran medidas al respecto.
El organismo también solicitó dar seguimiento de la vista administrativa que se presente ante el titular del Órgano Interno de Control en ese Instituto en contra de las seis personas servidoras públicas implicadas en los hechos; así como diseñar e impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos, haciendo énfasis en a la protección de la salud y vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar, a la protección de la salud y vida de las niñas y niños recién nacidos.
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