La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía General de Oaxaca y al ayuntamiento de Salina Cruz la reparación integral del daño a la familia de Abigail Hay Urrutia, joven que murió en el interior de una celda de la cárcel municipal de Salina Cruz.
En la recomendación 188/2024, el organismo documentó que durante la detención de la joven, un perito la diagnosticó con un trastorno neurológico, pero, en lugar de canalizarla a servicios médicos especializados, fue llevada ante el juez cívico y remitida a los separos, donde fue hallada sin vida tres horas después.
Abigail Hay fue detenida por policías municipales de Salina Cruz el 19 de agosto de 2022, tras una discusión con su pareja y poco tiempo después, encontrada muerta en el interior de la celda.
De acuerdo con la CNDH, también se documentaron violaciones a los derechos humanos de la víctima, específicamente a la seguridad jurídica, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la vida.
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Además del incumplimiento del deber de cuidado por no ser canalizada oportunamente para recibir atención médica adecuada, a pesar de que las autoridades involucradas tenían pleno conocimiento de su condición de salud.
También se identificaron afectaciones a los derechos de siete personas, víctimas indirectas, quienes sufrieron presiones por parte de personas servidoras públicas y elementos de seguridad del municipio de Salina Cruz.
“Debido a estas presiones, los familiares se vieron obligados a trasladarse a otro estado de la República Mexicana, lo que afectó gravemente su proyecto de vida y, en particular, el interés superior de dos niños”, señaló.
La CNDH encontró que a pesar de que las autoridades locales sabían de los antecedentes de violencia familiar contra la víctima, no se investigó el caso bajo la perspectiva de género, tampoco se trató como un posible feminicidio ni se reconoció la violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia.
Y al momento de la detención no consideró la condición de salud de la víctima, las autoridades no la canalizaron a una institución o con un especialista en psicología o trabajo social, lo que agravó la situación.
De acuerdo con la recomendación, el organismo exigió que la reparación integral del daño a las víctimas indirectas incluya compensación económica, atención psicológica y tanatológica, asesoría jurídica gratuita para dar seguimiento a los procedimientos administrativos, civiles y penales considerados la recomendación.
Así como colaborar con las investigaciones correspondientes e impartir cursos de formación especializada en materia de derechos humanos “para evitar situaciones similares, y exhortar al personal de ambas dependencias a llevar su actuación apegada a los principios de perspectiva de género, combate a la corrupción y máximo respeto a los derechos humanos”.
“Es fundamental que las acciones preventivas y formativas en el servicio público”, puntualizó, “se implementen de manera efectiva para combatir la corrupción y garantizar el respeto a los derechos humanos”.