En Puebla fueron asesinados tres activistas y Michoacán dos; mientras que Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua y Baja California, registraron un caso cada una de estas entidades del país.
“Las ejecuciones fueron cometidas por motivos políticos; es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando”.
El informe detalla que los dos últimos activistas fueron asesinados en el estado el pasado 20 de diciembre, tras la muerte de Ana Cristina Martínez, luego de cuatro meses de ser herida en una emboscada en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en donde recibió un disparo en la cabeza.
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