Las autoridades más señaladas por transgredir los derechos de periodistas son los ayuntamientos, las policías municipales y la Fiscalía General del Estado (FGEO).
“Garantizar la libertad de manifestación es un requisito fundamental para la construcción de sociedades democráticas, sin embargo, este derecho tiene que desarrollarse de manera pacífica y respetar los derechos de terceros, para que no pierda su legitimidad”, externó la defensoría en un comunicado.
La violencia en contra de comunicadores, comercios y personas, dijo, polariza a la sociedad y la divide; además, no se trata de extinguir un derecho en la exigencia de que se respete otro, afirmó.
La defensoría hizo un llamado al Estado para que garantice el acceso a la justicia a los comunicadores que sufren agresiones, “ya que de lo contrario se manda un mensaje de permisividad e impunidad de estas acciones”.
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