Matías Romero.— Más de una decena de funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (
ISSSTE), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) enfrentan una denuncia penal por omisiones y falsificación de documentos en torno al despojo de un predio que ocupa una clínica de medicina familiar en
Matías Romero.
La denuncia se presentó el pasado 24 de enero en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR y se inició la carpeta de investigación con folio FED/FEMCC/ FEMCC-CDMX/0000, por el delito de obstrucción de la justicia, dolo y dilación de un proceso judicial.
Este proceso penal fue iniciado por Alfonso Homero Nava, nieto de María Carmona de Constantino —propietaria del predio— a partir de que las autoridades denunciadas no actuaron contra los funcionarios involucrados en el despojo, y pese a las pruebas presentadas en una denuncia penal interpuesta por el Órgano de Control Interno (OIC) del ISSSTE.
En 2013, el OIC interpuso una denuncia penal por el delito de fraude en perjuicio del ISSSTE contra quienes resulten responsables de la escritura 1828 del año de 1993, y obligado por las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las que advierte irregularidades en la posesión del predio que ocupa la clínica.
Las pruebas obtenidas por el Ministerio Público de la entonces PGR revelan que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) reconoce que el predio no forma parte de las propiedades que integran el patrimonio federal, y hace mención que el notario público número 43 de Oaxaca, Reyes Izquierdo Saure, con quien se realizó el contrato de compraventa, no tiene acreditación para hacer una compraventa de esa naturaleza.
También muestran que la Dirección de Notarías del Estado de Oaxaca informó que no hay ninguna escritura en el apéndice del libro con número de instrumento público 1828, volumen 28, de 1993, que nunca se concretó la compraventa del terreno, y que había firmas falsas, lo que apuntaba a que la escritura del notario era falsa.
Pese a todas estas pruebas, en 2019 el Ministerio Público decretó el ejercicio de la acción no penal, aunque este tipo de delitos no prescriben.
“La denuncia es por omisión, falsificación de documentos, obstrucción a la legalidad y a la justicia”, detalla Alfonso Homero Nava.
“Yo pedí al MP que se giraran oficios a las principales dependencias, como el OIC del ISSSTE, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, por las omisiones que ha habido, han tratado de seguir ocultando esta opacidad y corrupción, donde ha existido dolo y dilación”, reitera en entrevista.
Es evidente, afirma, que tanto en el expediente civil de la denuncia de nulidad interpuesta por su madre y la carpeta de investigación de la denuncia interpuesta por el OIC, hubo negociaciones entre los titulares del OIC del ISSSTE, de la Secretaría de la Función Pública, del presidente del Poder Judicial de Oaxaca, del visitador general, y de la Dirección de Notarías de Oaxaca.
“Hubo complicidad en seguir protegiendo al notario público 43, que tiene una cantidad de denuncias por actos de corrupción”, señala Homero Nava y sostiene que es un asunto de interés público, donde los delitos no prescriben y se siguen por oficio, porque no debe olvidarse que hay una clínica a que se siguen destinando recursos públicos.
EL UNIVERSAL solicitó la postura del ISSSTE, pero no ha obtenido respuesta.
