Con iniciativa de ley en Oaxaca, buscan que el trabajo infantil sea considerado una forma de violencia

Una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, presentada por Solidaridad Internacional Kanda (SIKanda), plantea que el trabajo infantil sea definido con una connotación negativa, por los riesgos que implica y que sea considerado como violencia y una violación a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

La propuesta surge a más de un mes del asesinato por asfixia de una niña de nueve años y un niño de siete, hermanos dedicados a la venta de frituras en Juchitán, Istmo de Tehuantepec, por cuyo crimen fue detenido su padre, probable responsable.

Tres días después, un niño de 13 años fue asesinado en San Francisco Telixtlahuaca, cuando pastoreaba.

 

 

La iniciativa señala que el trabajo infantil niega a las niñas y niños el derecho a disfrutar su infancia y adolescencia, a acceder a una buena educación, a crecer seguros y protegidos contra todo daño, y les da la responsabilidad de aportar a la economía familiar: “vulnera de forma sistemática los derechos que les han sido reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que 222 mil 218 niños, niñas y adolescentes, 21.5% de la población menor de edad en Oaxaca, se encuentra en situación de trabajo infantil. 

Estos números colocan al estado con la tasa más alta de trabajo infantil, 10 puntos por arriba de la tasa nacional de 11.5% y 16.2 puntos por encima del estado con menor tasa.

De estas niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil, 83 mil 747 laboran por debajo de la edad permitida, que es de 15 años; 95 mil 694 personas de cinco a 17 años realizan quehaceres domésticos en horarios prolongados o en condiciones peligrosas, de las cuales, 47 mil 835 son mujeres. Mientras que 65 mil 738 que laboran en actividades no permitidas, 42.8% del total, están en el sector agrícola, que ocupa la mayor cantidad de mano de obra infantil.

“Lamentablemente tenemos el primer lugar en trabajo infantil que incluye varias categorías, trabajo infantil peligroso que comúnmente se realiza en condiciones peligrosas, con frecuencia en esta categoría se encuentra el trabajo agrícola.

“También tenemos en primer lugar el trabajo por debajo de la edad permitida que es de 15 a 17 años y también primer lugar en trabajo doméstico en condiciones inadecuadas que por cuestiones de género realizan principalmente niñas y adolescentes mujeres”, agrega Carlos Camacho, coordinador de Proyectos Campos de Esperanza/Equal de SIkanda.

La iniciativa de reforma, explica, busca dejar claro qué es el trabajo infantil con una connotación negativa, en la que se precise que es aquella actividad pagada o no pagada que realizan niños, niñas y adolescentes, al margen de la ley y que puede ocasionar riesgos inmediatos o futuros, incluso la pérdida de la vida. Con ello, también distinguirlo de la explotación laboral, la explotación infantil y de lo que no es trabajo infantil.

“Lo complejo de nuestro contexto es que a veces se piensa que el hablar del trabajo infantil con esta connotación negativa va en contra de nuestra cultura, de nuestras costumbres y se romantiza el trabajo infantil.

“Se naturaliza el trabajo infantil agrícola, por ejemplo: que ayuda a la transmisión de conocimiento, retoma conocimientos ancestrales, ayuda para el conocimiento de la tierra. Sí, pero si ya hay una situación de uso de pesticidas, agroquímicos, uso de herramientas y hay accidentes, ya no habría que romantizarlo con esta transmisión de conocimientos”, dice.

Con la iniciativa también se pretende cubrir algunos “vacíos legales” en la actual Ley Estatal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Entre esos vacíos, menciona, está el trabajo interinstitucional por decreto. A nivel federal hay una Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, pero no está propiamente en una ley. La intención es que se incorpore en la ley y que tenga un mayor nivel de obligatoriedad, para que en Oaxaca se instale esa comisión intersecretarial, que en el gobierno de Alejandro Murat no se creó, aun cuando hubo exhortos para que se llevara a cabo, afirma Carlos Camacho.

También buscan que el trabajo infantil se considere como una forma de violencia, pensando que en alguna situación de violencia hay indicadores: hay un sujeto pasivo que es la víctima, un sujeto activo o el agresor y una forma de violencia.

 

 

Esto, indica, abre la puerta para mecanismos que ya existen, como la atención de víctimas, o una opción de atención, y se incorporan las responsabilidades que buscan fortalecer en las instituciones.