Corredor Interoceánico detonó conflictos internos en 8 comunidades indígenas de Oaxaca

 

Guichicovi.- Al menos ocho comunidades indígenas de Oaxaca que se mantienen en resistencia contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) también enfrentan procesos de división y conflictos internos entre autoridades agrarias, comuneros y ejidatarios, como resultado de la ejecución de este megaproyecto del gobierno federal.

Habitantes de estas poblaciones denuncian que luego de las “consultas amañadas”, en las cuales se autorizaron las obras del CIIT y la venta de centenares de hectáreas para la instalación de 10 parques industriales, denominados “Polos de Desarrollo para el Bienestar”, se incrementó la violencia y la presencia de la delincuencia organizada y con ello se concretó “la militarización de la región del Istmo de Tehuantepec” con la presencia permanente de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

De acuerdo con testimonios recogidos por EL UNIVERSAL durante la Misión de Observación que encabezaron las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Front Line Defenders y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), el gobierno federal tampoco toma en cuenta las necesidades comunitarias de infraestructura social y lo acusan de ocultar información respecto a los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos de este megaproyecto sobre sus territorios.

Además, las organizaciones acusan la criminalización de la protesta social, pues hasta el momento se contabilizan 47 carpetas de investigación en contra de defensores del territorio, 17 de ellas en Mogoñé Viejo en las que se acusa a 16 personas del delito de ataques a las vías de comunicación; además, en San Blas Atempa ya existen 18 órdenes de aprehensión por el mismo delito, sumado al de daños por incendio. 

El CIIT consiste en un corredor comercial e industrial en el Istmo de Tehuantepec al conectar mediante infraestructura carretera y el Tren Transístmico los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Contempla la modernización del ferrocarril, la construcción de puertos comerciales, red de carreteras primarias y secundarias, conectividad digital, un gasoducto, y 10 parques industriales.

De acuerdo con el CEMDA, el Corredor tendrá un impacto directo en al menos 79 municipios de la región: 33 de Veracruz y 44 de Oaxaca.

“Es un avasallamiento que implica despojo, cambio de vida, violencia y daños ambientales. (Las comunidades) se están enfrentando a obras que los afectan, que los despojan, a la entrada de la delincuencia organizada, al crecimiento de la inseguridad; no toma en cuenta las necesidades de las comunidades en materia salud, de educación, agua potable, proyectos productivos en función del perfil de la región, productora de maíz, de ganado, de frutales.

“Están enfrentando a un monstruo que significa violencia, despojo y destrucción de una forma de vida y de una cultura campesina indígena”, resume Carlos Beas Torres, dirigente de la Ucizoni, quien sostiene que hay intereses económicos muy claros relacionados con el grupo de poder político. El activista, además advierte la operación de la delincuencia organizada. Los grupos del crimen, detalla, se ha apoderado de espacios de la economía formal en la que no solamente comercializan camarón, limón y aguacate, sino también se han metido en la industria de la construcción y el transporte.

“Es otra de las denuncias que hemos hecho, cómo actúan de manera conjunta la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y esos grupos de carácter paramilitar”, dice al referirse a los actos de represión, intimidación y hostigamiento contra las personas defensoras del territorio que se oponen al CIIT. 

Las comunidades en donde se han detectado conflictos internos a causa de este megaproyecto incluyen a tres localidades ayuujk o mixe de San Juan Guichicovi: Mogoñé,  Boca del Monte y  Hierba Santa; Rincón Viejo, en Santa María Petapa; Santa María Mixtequilla; Santa Cruz Tagolaba, en Santo Domingo Tehuantepec;  Puente Madera, en San Blas Atempa y Juchitán de Zaragoza, estas últimas comunidades zapoptecas. 

A continuación se incluyen los casos más graves. 

Mogoñé Viejo, Guichicovi

El excomisariado Ejidal de San Juan Guichicovi, Albino Pedro Juan, afirma que la inconformidad con las obras de modernización de las vías del Tren Transístmico se remontan a marzo de 2018 cuando el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó una consulta indígena en Jaltepec de Candayoc, una localidad de San Juan Cotzocón, con el fin de avalar las obras del CIIT. En esa consulta, la comunidad ejidal de San Juan Guichicovi, no fue tomada en cuenta, pese a que por sus tierras pasan las vías del ferrocarril, y no así en las del poblado donde se realizó la consulta. 

Su inconformidad llevó a una mesa de negociación con los gobiernos federal y estatal, autoridades que se comprometieron a ejecutar obras de infraestructura en la población. Con el paso del tiempo; sin embargo, no cumplieron con ninguno de los acuerdos.

Este incumplimiento llevó a que un grupo de habitantes de Mogoñé Viejo detuviera las obras de modernización del Tren Transístmico por 72 días, hasta que fueron desalojados por policías estatales y elementos de la GN y de la Marina el 28 de abril pasado. En el desalojo fueron detenidas seis personas, de las que 4 son mujeres. Actualmente, el gobierno de Oaxaca ha presentado 17 denuncias penales contra 16 personas de la comunidad por el delito de ataques a las vías generales de comunicación.

 Mixtequilla

Desde el pasado 18 de julio, un grupo de ciudadanos y comuneros de Santa María Mixtequilla mantienen tomadas las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales. En esta comunidad se construirá el parque industrial más grande de los 10 que se construirán. El proyecto fue avalado por la asamblea de comuneros; sin embargo, la inconformidad surgió tras el pago de 132 millones de pesos por el gobierno federal por las 502 hectáreas en las que se instalará el polo de desarrollo.

De las 502 hectáreas, 370 son de uso común y 132 son parcelarias; éstas últimas se pagaron de manera individual a cada uno de los comuneros que las tenía en posesión a un precio de 260 mil pesos por hectárea. Las de uso común se pagaron al Comisariado de Bienes Comunales, ante lo que un grupo de ciudadanos y comuneros demanda que todos los habitantes sean beneficiarios de los recursos que se pagaron por las tierras.

“Nosotros estamos luchando para participar de las utilidades de estas tierras de uso común”, afirma el comunero Ricardo Vargas.

Mientras que Adelaido López Gallegos, ciudadano y uno de los dirigentes de la protesta, también asegura que la consulta para la autorización de la venta de las tierras para el parque industrial, fue simulada porque sólo participaron los comuneros y no la totalidad de la población que está conformada por tres barrios, tres colonias, tres secciones y una agencia municipal. Además, al menos 18 comuneros reclaman el pago completo de sus hectáreas: a algunos únicamente les pagaron dos de las 10 hectáreas parcelarías que poseían.

En medio de esta confrontación, el pasado 4 de julio fue asesinado Noel L, activista del comité de Resistencia Pacífica que exige el reparto de los recursos entre toda la comunidad. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura luego de que la víctima fue reportada como desaparecida. 

Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec

En Santa Cruz Tagolaba, comunidad de Santo Domingo Tehuantepec, sus habitantes se enfrentan una autoridad agraria dividida: un grupo de comuneros tiene tomadas las oficinas comunales (quienes supuestamente están a favor del proyecto del CIIT) y la otra el salón común (quienes se oponen a esas obras); pero además, asegura Ellioth Escobar Gómez, coordinador estatal de la corriente Sol Rojo, también se han registrado atentados y asesinatos contra los defensores del territorio, son víctimas de la delincuencia organizada y de la omisión de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y del Poder Judicial del Estado; tampoco, han sido consultados respecto de la ejecución del CIIT.

La división entre sus autoridades agrarias, explica, surgió luego de que se usaron personas fallecidas, entre otras irregularidades, para imponer a Sergio Gutiérrez García como presidente del Comisariado de Bienes Comunales; éste, es hermano de Anastasio Gutiérrez García conocido como “Tacho Canasta”, a quien señalan de ser responsable de una serie de despojos de tierras de manera violenta, bajo la protección del Estado.

En este periodo de conflicto fue asesinado el activista Jesús Manuel García Martínez en un ataque directo afuera de su casa el 27 de octubre pasado. 

Puente Madera, San Blas Atempa

El 14 de marzo de 2021, autoridades comunales y municipales de San Blas Atempa aprobaron la instalación de un parque industrial en las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. La comunidad de Puente Madera aseguró que se trató de una “asamblea amañada” orquestada por el entonces edil y actual secretario de Administración del gobierno oaxaqueño, Antonino Morales Toledo.

David Hernández Salazar, agente municipal comunitario de Puente Madera, quien lidera la oposición a la instalación del parque industrial, asegura que están en contra porque representa daños al medio ambiente y a sus condiciones de vida.

También acusa a César Morales Toledo, presidente del Comisariado de Bienes Comunales y hermano de Antonio Morales, de ofrecer sobornos a miembros de la comunidad y tras rechazarlas, de ejercer la violencia física contra algunos.

La comunidad ha realizado protestas contra la instalación del parque industrial, como bloqueos carreteros donde en una ocasión se registró el incendio de vehículos. A raíz de estas protestas, David Hernández enfrenta acusaciones penales en su contra por los delitos de ataques a la vías de comunicación y daños por incendio. Al igual que él, otras 17 personas de Puente Madera tienen órdenes de aprehensión en su contra por los mismos delitos.

De acuerdo con David Hernández, además enfrentan amenazas telefónicas y directamente en sus hogares u oficinas, así como la militarización de la comunidad y la implementación de supuestos operativos para detectar motos robadas, pero que, asegura, buscan intimidar a la población.