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La medidas cautelares están dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Coordinador Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a la directora General de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Oaxaca y a los ediles de Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino.
Para la defensora, una muestra de la naturaleza criminal de la política migratoria es cuando funcionarios del Inami bajan a las personas de los autobuses en los que viajan para obligarlos a continuar su camino a pie, sin importar que sean familias con menores de edad y que su tránsito por el país sea legal o regular. Esto ha provocado, entre otras cosas, además de ser más visible la migración, a ponerlos en una situación de riesgo. Según los informes de las autoridades estatales, muchos han sido capturados por la delincuencia organizada y se han presentado reportes de niños y niñas desaparecidas.
“No hay ningún argumento jurídico para que puedan bajarse de un camión, cuando traen un boleto pagado, cuando vienen prácticamente en estado regular porque ellos han tenido su forma migratoria que se llama CBP One y ellos vienen con ese documento porque lo han hecho desde sus países o muchos lo han hecho en la frontera sur”, afirmó.
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Para Lara Rodríguez, la migración en Oaxaca ha adquirido mayor visibilidad por esta política del Inami, es decir, del gobierno federal, el cierre de las estaciones migratorias tras la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y también por la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos.
En el caso del gobierno de Estados Unidos, explicó que ese país tiene una postura de puertas abiertas únicamente para personas provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití; pero el detalle, dice, es que mientras son recibidos o aceptados, el Estado mexicano debe asumir el compromiso de cuidarlos.
Mientras que en el caso de México, sostuvo que la política migratoria ha incrementado aún más el flujo de personas migrantes. Por un lado, mencionó que la muerte de 40 migrantes provocó el cierre de las estaciones migratorias en todo el país, con las que se controlaba la migración.
“Ahorita el Instituto no sabe quiénes son los que están entrando, quienes están saliendo; sin embargo, cuando eran presentados ante el Instituto, había nombres y apellidos de las personas que estaban ingresando a territorio mexicano. Haber cerrado las estaciones migratorias, esto permite que no sean detenidos en su camino y no sepan quiénes están en el interior del país”.
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Previó a las medidas cautelares, la DDHPO emitió una alerta temprana ante la política del Inami de obligar a las personas migrantes a descender del vehículo en el que viajan, por la falta de condiciones de seguridad en la ruta migratoria en el estado y que, según los reportes oficiales, hay algunos que fueron captados por el crimen organizado y migrantes menores de edad desaparecidos por los abusos de líneas de autobuses y de funcionarios municipales y estatales, entre otros.
En cuanto a las quejas que ha recibido este organismo por probables actos violatorios, la mayoría se han redirigido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando se trata de autoridades federales; en el caso de autoridades estatales y municipales, la Defensoría tiene 10 expedientes de queja abiertos y cinco cuadernos de antecedentes.
Elizabeth Lara aseguró que en un “ámbito de colaboración” han solicitado al INM deponer su actitud hacia las personas migrantes, porque los ponen en situación de riesgo y viola sus derechos humanos; además, se evidencia la falta de seguridad en la ruta que recorren las personas migrantes en el estado de Oaxaca y que esa es la razón por la cual la alerta temprana también se dirigió a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal.
“Los migrantes están expuestos a todo, a que el señor de la tiendita les venda a mayor precio lo que va a consumir, los mototaxistas, el transporte, incluso hasta quienes les están retirando su dinero del banco y demás. No sólo les está cobrando una cantidad importante a ellos. Están sujetos a una vulnerabilidad bastante grande y por eso, le hemos dado un seguimiento al tema también nosotros”, agregó.
Para la titular de al Defensoría, la migración en el estado de Oaxaca, dijo, debe verse desde dos perspectivas: la de seguridad y la de la ayuda humanitaria.
El tema de seguridad, recalcó, corresponde a las autoridades encargadas de atender ese tema y de verificar la situación migratoria, como el Inami, y ante la comisión de un delito tiene que intervenir cualquier autoridad de carácter de los niveles de gobierno.
Desde el punto de vista de derechos humanos y humanitario, corresponde a las autoridades estatales en tanto estén en territorio oaxaqueño.
“Les corresponde atender y dar esta ayuda humanitaria, este apoyo. La ayuda humanitaria no se criminaliza y tendrá que ser el estado quien obviamente apoye a los migrantes”.
Sobre la ayuda humanitaria, advirtió que de lo contrario puede llegar un momento en el que el tema migratorio puede tornarse delicado, principalmente en la ciudad de Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec, porque pueden ocurrir reacciones de xenofobia y aporofobia, que provocarán el enfrentamiento entre migrantes y la población, algo que comenzó a vislumbrarse en las protestas ciudadanas ocurridas en la ciudad de Oaxaca.
“Entonces, ahí, la estrategia urgente que tienen que hacer los ayuntamientos para poder ayudar a la población migrante y obviamente tenerlos en un lugar que no ocasione molestia en la población”, dijo.
