Damnificados defraudados por empresas siguen sin poder reconstruir su hogar, a 4 años del terremoto

Juchitán.— Elsa Cruz Gallegos aún guarda  el contrato que firmó el 27 de noviembre de 2017 con el arquitecto Federico Irán Cabrera Verde, de la empresa Construcciones Hiram Habif, con oficinas en Tuxtepec, para la edificación en 45 días de su vivienda destruida por el terremoto de septiembre de aquel año. Le costaría 118 mil pesos.

A cuatro años, la casa está en obra negra, pues la  empresa le entregó  tan sólo 40% de avances, y  durante los últimos tres años, con mucho trabajo, Elsa  avanzó otro  20%, con el apoyo que logró con el Programa Nacional de Reconstrucción después de demostrar que fue  víctima de un fraude.

La constructora un día se fue sin avisar y abandonó a los albañiles  donde vivían, ya que eran de la región de Tuxtepec, quienes como pudieron se emplearon en otras obras y después se fueron.  El fraude que cometieron con su patrimonio lo observa todos los días y los lamentos  crecen en estos días de lluvia, cuando las filtraciones son  evidentes en el techo. Se moja menos afuera que en el interior, comenta bromeando.

Sentada en el corredor de su casa, Elsa sostiene los pagarés que le otorgó la empresa por 20 mil pesos en efectivo y los restantes a través de la tarjeta del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que el gobierno federal le entregó al acreditar daño total. La mujer  buscó asesoría para demandar y  en ese caminar de  meses se  encontró con  otras 30 familias que también fueron defraudadas por la misma  constructora.

Foto: Roselia Chaca

“Me dejaron una casa sin repello, sin puertas ni ventanas, sin piso. Un pequeño corredor sólo con pilares y la varilla expuesta. Pensé que era la única, pero ya luego se fueron presentando ante el Ministerio Público otras familias, pero al final  nos dijeron que no se podía hacer nada porque se firmó un contrato y que era civil. Nos cansamos de andar y gastar”, cuenta. 

Pasó un año hasta que Elsa se  unió a una red de damnificados y después de meses recibió del gobierno otros 90 mil pesos,  con  lo que  apenas  logró repellar, poner las puertas y el piso.

Cada vez que llueve, explica molesta, impermeabiliza el techo, pero ya le explicaron que la obra es de mala calidad, por lo que requiere nueva inversión para repararlo, pero su situación económica  no se lo permite, pues apenas y gana el salario mínimo como afanadora en el ayuntamiento municipal, así que ve lejano el día que termine de reconstruir su casa. 

“No creo que pueda terminar de construir, ¿cómo, con qué dinero?, apenas y gano para comer. Ahora con la crisis todo está más caro. De la empresa que me estafó trato de no recordar porque me da coraje, allí se lo dejo a la mano de Dios, porque justicia no nos hicieron, no los castigaron”, comenta. 

Magaly Sánchez Santiago, una de las coordinadoras de la Red Regional de Vecinos Afectados por el Sismo de 2017, explica que  aún tienen una lista de alrededor de mil familias de Juchitán y sus agencias que quedaron fuera de los censos oficiales que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La red  nació precisamente  cuando miles de familias quedaron fuera de los censos  por una mala y rápida verificación, o que sus viviendas  se clasificaron como daño parcial cuando eran total; también cuando  comenzaron los fraudes de  constructoras fantasma.

Foto: Roselia Chaca 

“Comenzamos sin otro fin más que ser enlace con las instancias como Conavi, Sedatu y ahora Bienestar. La gente nos empezó a buscar y a demostrar que hubo una irregular forma de censar. Al principio fue muy difícil la relación con las instancias, pero fue tanta la presión de los damnificados que se buscó la estrategia de realizar videos con sus casa dañadas, creo que eso funcionó bien y se analizaron los casos que traíamos. Logramos que miles se retomaran, aún tenemos rezagos, pero creo que han sido cuatro años de caminar sin cobrar un solo peso, sólo haciendo justicia”, dice.

Sobre las estafas a damnificados, el equipo jurídico de la red considera que el proceso es largo, por lo que se presentaron ante  la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y  muchos  obtuvieron un segundo apoyo ya con el nuevo gobierno federal.

De acuerdo con los registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Oaxaca, hasta 2018 se habían presentado 22 quejas  y otras 30 ante la Sedatu.

Las constructoras con quejas ante la Profeco incluyen a dos personas físicas y seis empresas: Fernando Suárez Escudero y Erick David Ramírez Pérez — personas físicas—, Edificaciones e Infraestructura Ortiz S. A. de C. V., Grupo Rawmar Constructoras S. A. de C. V., Consultoría a Comunidades S. A. de C. V., M-L Obras Civiles S. A. de C. V., y Cecilio Sánchez Jiménez y Solana Ingenieros S. A. de C. V. Además, Soinsa S. A. de C. V., fue demandada ante la fiscalía estatal  junto con dos constructoras más, que reportó Sedatu en Oaxaca, tras  acumular  alrededor de 30 quejas.