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Foto: Juan Carlos Zavala
San Bartolo Coyotepec.— Las presidentas del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Berenice Ramírez Jiménez y Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, coincidieron que las opiniones negativas en torno a la reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se han realizado con una falta de información o un desconocimiento de quienes se pronuncian.
En entrevista con EL UNIVERSAL consideraron que se debe ser mesurado y esperar cuál será el “camino” que tomé el Poder Legislativo en relación a la propuesta de reforma constitucional del Presidente y posterior a ello, estar en condiciones de opinar.
“Hay una falta de información, un desconocimiento por parte de quienes se pronuncian, porque al final del día nosotras, incluso, (que somos) integrantes del Poder Judicial, todavía no conocemos a fondo la iniciativa como tal… Creo que se está opinando desde el desconocimiento”, puntualizó la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez.
“Hay que hacer un estudio integral. En este momento la verdad es que no nos lleva a nosotros hacer ese estudio, sino son los poderes legislativos los que deben llevar una determinación y bueno, es tiempo de estudiar y ver las ventajas y desventajas, pero desde la administración de justicia, nada tenemos que hacer”, agregó la magistrada Berenice Ramírez.
Una de las propuestas contenida en la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial del presidente López Obrador, está relacionada con la elección de los magistrados y ministros a través del voto popular. Según la iniciativa, se trata de establecer algunos mecanismos en los que la ciudadanía pueda participar en la elección de los integrantes del Poder Judicial, para que estos representen “las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana”.
Lisbeth Aurelia Jiménez dijo que el voto popular para la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación no significa que se siga un esquema similar al de la elección de diputados y senadores; y opinó, que debe esperarse a conocer cuál será el esquema que diseñarán los legisladores.
También recalcó que esa será una labor del Poder Legislativo en la que, como administradores de justicia, no tienen ninguna injerencia.
“Efectivamente habrá que ver los caminos o cómo está propuesta, ¿no? Porque no es un voto, o sea, popular, sino realmente es una propuesta que es lo que se hace normalmente cuando nombran a un magistrado, o sea, intervienen los tres poderes y entonces no hay un voto efectivo como tal; pero si los titulares o los diputados votan al final de una terna. Me imagino que la propuesta es la misma, a lo mejor una terna o algo así, y va a ser un voto en general de los ciudadanos”, apuntó Berenice Ramírez.
Respecto a la ampliación de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca consideró que en esta propuesta debe tomarse en cuenta que están inmersos varios derechos humanos que son de mucha importancia y que éstos estén por encima de lo que sea.
Pero insistió en que primero debe estudiarse cuál es la propuesta de López Obrador y conocer cuáles son las ventajas y desventajas.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz precisó que la prisión preventiva oficiosa existe y está prevista para delitos graves, constitucionalmente tiene una razón de ser, y que debe prevalecer. En la propuesta de López Obrador, mencionó, se agregan otros delitos que por su gravedad pueden merecerla.
Y agregó que la reforma al Poder Judicial es respetable y que su impacto en los poderes judiciales locales, dependerá del Legislativo: “Es un tema que tiene mucho que estudiarse y deliberarse, un trabajo muy arduo que corresponde al Poder Legislativo”.
La magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez estuvo en Oaxaca para firmar un convenio de colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en materia de capacitación; así como, para ofrecer una ponencia relacionada con la prisión preventiva oficiosa.
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