Defensa de Vera Carrizal niega pacto de impunidad en caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos
Uno de los abogados aseguró que no existe ninguna prueba que incrimine a Juan Antonio como autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista
Oaxaca de Juárez.— Los abogados del empresario Juan Antonio Vera Carrizal acusaron a la joven María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido, de retrasar el juicio que se sigue contra su cliente por el delito de tentativa de feminicidio; y negaron que exista un “pacto de impunidad” ni con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
En conferencia de prensa, rechazaron estar detrás de una campaña de linchamiento mediático contra María Elena Ríos, y sostuvieron que no hay interés real por la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso.
Edgar López García, uno de los abogados de la defensa, aseguró que no existe ninguna prueba que incrimine a Vera Carrizal como autor intelectual del ataque con ácido a Elena Ríos; mientras tanto, agregó, “ya ha sido juzgado en las redes sociales y en los medios de información, como si fuera culpable”.
“Nosotros lamentamos y la verdad es que es muy lamentable, sobre todo que no tiene lugar, no tiene nombre lo que le hicieron a la señorita María Elena Ríos; pero también hay otra circunstancia que es lamentable y triste, tener a una persona inocente en prisión por más de cuatro años, estamos a cerca de cinco años que está privado de su libertad y no ha podido ser juzgado”.
Sobre las acusaciones realizadas por Elena Ríos en sus redes sociales relacionadas con una presunta revictimización y pacto de impunidad, en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y que la defensa ha iniciado un linchamiento mediático en su contra, aseguró que son falsas: “Si hubiera habido un pacto de impunidad, mi defendido ya estuviera libre”, sentencia.
El abogado puntualizó que únicamente piden un juicio justo y apegado a Derecho, que se juzgue respecto a las constancias que existen en la carpeta de investigación y desahogadas en el proceso de juicio oral que se lleva actualmente.
“También quiero que den a conocer que en este asunto no hay una búsqueda de la verdad y de la justicia, ni es un ejemplo para juzgar la deficiente perspectiva de género que existe en todo el país, tampoco es una lucha por las mujeres indígenas, por las mujeres campesinas, no. Existe detrás de este asunto, un monto de 85 millones de pesos que María Elena Ríos Ortiz pide como reparación del daño. Este es el fondo de este asunto.
“Una situación que nosotros la vemos totalmente alarmante, injusta; además de las grandes cantidades dinero que ha recibido del gobierno anterior, de la sociedad civil, no es suficiente y se pide esta cantidad de 85 millones de pesos. Que le diga a la sociedad civil a la que pide apoyo, que le diga a los grupos de feministas, que le diga a la ex magistrada Cordero, a la presidenta electa, si no es cierto que pide 85 millones de pesos”, señaló.
El abogado de Vera Carrizal también aseguró que las dos personas que fueron detenidas como autores materiales del ataque con ácido fueron torturadas para declarar en contra de su cliente, y cuestionó que la Fiscalía de Oaxaca no haya profundizado en las nueve líneas de investigación que se establecieron en la carpeta sobre el ataque con ácido a la joven, y entre las que se encuentra una posible venganza que “cometió su hermano Carlos Ríos Ortiz y que provocó el desplazamiento de su familia”.
Y adelantó que su cliente, Vera Carrizal, no pagará los 85 millones de pesos que Elena Ríos pide como reparación del daño.
En días pasados, a través de sus redes sociales, María Elena Ríos Ortiz, denunció al juez a cargo del proceso por el delito de tentativa de feminicidio, José Gabriel Ramírez Montaño, de actuar a favor de Juan Antonio Vera Carrizal.
Asimismo, denunció al perito Alan Ramírez Miguel, quien, dijo, pidió una licencia para hacerse cargo de sus padres, pero en lugar de ello, fungió como asesor de Vera Carrizal.
Durante su permanencia en las audiencias, denunció Ríos Ortiz, Ramírez Miguel la ha intimidado, revictimizado y tomado fotografías sin su consentimiento.
En su papel como asistente, aseguró, Ramírez Miguel da órdenes a los litigantes que integran la defensa; además, renunció a su cargo como perito de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Durante las audiencias de juicio, completa, el juez declina del lado de la defensa.
De manera reiterada, la también activista ha denunciado supuestos tratos para la liberación del presunto autor intelectual del ataque con ácido que pretendía quitarle la vida, sucedido en septiembre de 2019, en Huajuapan de León, en la Mixteca de Oaxaca.
