El organismo también reconoció el esfuerzo y el valor de las estudiantes para hacer estas denuncias públicas, pues varios de los señalamientos son hacia docentes o personal de las instituciones educativas, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad, y pidió no estigmatizar ni criminalizar este tipo de denuncias.

Y advirtió que cualquier forma de violencia en instituciones educativas es una grave violación a los derechos a la integridad y libertad personal de las adolescentes y las jóvenes, quienes son las principales víctimas, especialmente cuando se trata del acoso y abuso sexual, “pues son agredidas tanto por sus compañeros y docentes”.
También pidió al Estado que realice las acciones necesarias que permitan primero conocer la magnitud de la situación y atender en forma individual e integral cada uno de los casos y en los que se requiera brinde el acompañamiento a las adolescentes y jóvenes que necesiten presentar una denuncia ante instancias procuradoras de justicia.
Finalmente, pidió que se inicien los procesos que deriven en sanciones efectivas hacia quienes violenten a las adolescente y jóvenes con acciones como el acoso, agresiones, expresiones verbales, misoginia, ciberacoso, intimidaciones y entre otras.
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