Defensoría de Oaxaca indaga violaciones a derechos humanos tras desalojo del Palacio de Gobierno

El órgano calificó los hechos como “un altercado”, entre los inconformes, quienes cerraron los accesos al recinto, y elementos de la Policía Estatal; llama a priorizar una resolución pacífica

Defensoría de Oaxaca indaga violaciones a derechos humanos tras desalojo del Palacio de Gobierno
Defensoría de Oaxaca indaga violaciones a derechos humanos tras desalojo del Palacio de Gobierno. Foto: Edwin Hernández
Sociedad 01/03/2023 19:16 Actualizada 19:16

Oaxaca de Juárez.–  La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación tras el operativo de medio centenar de policías estatales y el desalojo de una protesta de pobladores zapotecas de Santiago Xiacuí, quienes fueron retirados con golpes y gases del Palacio de Gobierno, donde se manifestaban.

El órgano autónomo calificó los hechos como “un altercado”, entre los inconformes, quienes cerraron los accesos al recinto, y elementos de la Policía Estatal, e hizo un llamado para que ambas partes “prioricen la resolución pacífica de conflictos intermunicipales”. 

Según la Defensoría, recibió vía telefónica la solicitud de intervención por parte de integrantes de la comunidad de Santiago Xiacui, por lo que envió a la zona a personal para que se entrevistará con las personas presentes, así como con las autoridades.

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Por el desalojo, la DDHPO inició el expediente de queja DDHPO/CA/0087/(01)/2023 en el cual se investigarán posibles violaciones a derechos humanos; sin embargo, insistió en que “el diálogo y los acuerdos deben ser los ejes articuladores que permitan establecer procesos de transformación positiva de los conflictos a largo plazo en las comunidades”: 

El organismo destacó “la complejidad de los conflictos intermunicipales”, especialmente aquellos relacionados con la distribución de recursos, los cuales, dijo, “representan un gran reto, y cuya solución requiere que se prioricen los mecanismos pacíficos como el diálogo y la concertación de voluntades”.

Destacó que la libertad de manifestación es un requisito fundamental para la construcción de sociedades democráticas, pero dijo que este derecho tiene que desarrollarse de manera pacífica y respetar los derechos de terceros, para que no se pierda su legitimidad.

Y reiteró su llamado a los diferentes actores para que privilegien la construcción de la paz, “para lo cual es necesario realizar procesos de mediación basados en el diálogo, los cuales permitirán garantizar la paz a largo plazo, la gobernabilidad y el respeto a los derechos colectivos de las comunidades”. 

Gobierno de Oaxaca justifica operativo

En un segundo comunicado sobre los hechos, luego de la difusión de los golpes y el uso de gases de parte de la Policía Estatal en contra de los manifestante, el gobierno de Oaxaca insistió que “es respetuoso de la protesta social y garantiza el derecho a la libre manifestación”, pero justificó el operativo, calificado como represión por los pobladores, asegurando que “no va a negociar con quienes pretenden tomar rehenes ni entregará recursos públicos a grupos sin representación legal o a quienes pretenden mantener cacicazgos y privilegios”. 

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, señaló que “no se negocia con grupos que cierran los accesos a Palacio de Gobierno y pretenden presionar tomando rehenes para lograr intereses particulares”. 

Romero López explicó que por la mañana se atendió al grupo de personas de la cabecera municipal de Santiago Xiacuí, que plantearon su rechazo a la presencia de un Comisionado y exigieron los recursos para la cabecera municipal. Dijo que se les planteó ser atendidos de manera inmediata; no obstante, cerraron los accesos de Palacio de Gobierno. 

Dijo que la acusación de que el Comisionado no había entregado recursos no es veraz porque todas las agencias ya los recibieron, y en el caso de la cabecera municipal, no hay a quien entregarlos legalmente, y que “este grupo no puede recibir dinero público porque no es autoridad, no son servidores públicos, no están nombrados”.

Según los dichos del funcionario, se les pidió a los manifestantes que liberaran una de las puertas del Palacio de Gobierno porque se encontraban más de 30 autoridades municipales, madres de familia y ciudadanos, pero se negaron.

“Los manifestantes rechazaron dialogar y se tomó la decisión de liberar una puerta del Palacio de lado de la calle Flores Magón para que salieran 300 personas, cerca de 100 madres que son trabajadoras del Gobierno del Estado y que tenían que ir por sus hijas e hijos a la escuela y algunos que tienen familiares enfermos”, se excusó.

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