“Este organismo autónomo se mantendrá vigilante y brindará puntual seguimiento al caso, siendo prioridad la salvaguarda y garantía del respeto a los derechos humanos de las personas desaparecidas”, informó en un comunicado.
La diputada Martha Aracely Cruz recordó que la activista desaparecida representó un peligro para los intereses de quienes buscaron constantemente hacerle daño.
“Desde el año 2020, Sandra venía denunciando a una red de funcionarios estatales y federales por su implicación en la creación de grupos virtuales de acoso y violencia a mujeres indígenas, que había resultado de la remoción de cargos públicos de algunos miembros; pero también de amenazas a sus denuncias”.
Por ello, dijo que la investigación de esa desaparición no se puede interpretar desde la simpleza de la situación, “sino que la labor amplia de la compañera, tiene que verse a la luz de su denuncia y labor en defensa de los derechos humanos”.
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