La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) demandó a la Fiscalía General del Estado la reparación integral del daño a Pijy, víctima de violación sexual cuando tenía 15 años de edad, presuntamente cometida por el expresidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, Plácido Martínez Soler.
El organismo explicó que el 12 de octubre de 2022 inició una investigación de oficio derivada de una nota periodística publicada en el portal de EL UNIVERSAL, titulada: “Suplantan identidad de víctima para dar perdón a presunto violador, Fiscalía de Oaxaca no se dio cuenta”, donde se señaló que una persona del sexo femenino se hizo pasar por la víctima para otorgar el perdón al agresor, lo que permitió que el juez de Control revocara la orden de aprehensión por el delito de violación agravada.
En el año 2013, Pijy fue víctima de violación, presentó su denuncia y se emitió una orden de aprehensión contra el expresidente municipal que nunca se ejecutó.
Cuando la joven acudió a la Fiscalía General de Oaxaca y con el juez de Control en Matías Romero Avendaño, población ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, el Ministerio Público y el juez informaron que fue porque ella misma había solicitado la cancelación de la orden de aprehensión "porque se había casado con Plácido Martínez".
Fue entonces que descubrió que su identidad fue suplantada por la esposa del expresidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe.
Once años después, el 31 de octubre de 2024, Plácido Martínez y su esposa fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca por el delito de suplantación de identidad.
La DDHPO, en la recomendación 12/2025, detalló que durante la investigación, la víctima declaró que en 2013 sufrió una agresión sexual y que, ante la falta de justicia, se vio obligada a salir de su comunidad. Años después, al revisar el expediente en la Fiscalía local de Matías Romero Avendaño, se percató de que otra mujer había usurpado su identidad, ocasionando el sobreseimiento de la causa penal.
“Con base en los hechos y las evidencias reunidas, la DDHPO concluyó que existieron graves omisiones en la actuación del personal ministerial, lo que vulneró los derechos fundamentales de la víctima y facilitó la impunidad”, informó el organismo.
En su recomendación, solicitó a la Fiscalía General del Estado coordinar con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas la inscripción de la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas, y garantizar su acceso a medidas de ayuda, atención, y reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica y una compensación justa, colaborar plenamente en la denuncia administrativa que esta Defensoría presentará ante su Visitaduría General.
También, pidió que se lleve a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en favor de la víctima, así como la implementación de un curso integral sobre derechos humanos, acceso a la justicia y perspectiva de género para su personal. Y recomendó emitir una circular dirigida a las y los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado, para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en las carpetas de investigación.