Las estadísticas, indicó el organismo defensor, son solo una muestra de la magnitud del problema en Oaxaca, ya que el informe del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, tiene contabilizadas alrededor de 507 desapariciones forzadas en el país.
El documento antes citado, mostró que además de la delincuencia, la desaparición forzada se presenta porque las personas servidoras públicas por omisión, participación o aquiescencia, “facilitan este delito de lesa humanidad”.
La Defensoría reconoció que las desapariciones forzadas en Oaxaca y en México son un desafío para el Estado, pues la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, la identificación de personas fallecidas y la atención de las víctimas requieren una “atención integral a las causas multifactoriales de esta problemática, aunado al fenómeno de desaparición que enfrenta el país”.
Por ello, la DDHPO indicó que las autoridades municipales, estatales y federales en los casos de desaparición forzada en sus actuaciones, deben considerar “aspectos contextuales de las víctimas como su condición de género, origen étnico, si se encuentran en situación de movilidad humana, discapacidad o su condición de edad, pues son factores necesarios que ayudarán a realizar una búsqueda más eficaz”.
El organismo defensor también llamó a fortalecer el Sistema de Protección de Víctimas, especialmente en el rubro que garantice y respete la labor de familiares, organizaciones, colectivas, colectivos de familiares de personas desaparecidas y personas defensoras de derechos humanos en la búsqueda de víctimas.
La Defensoría urgió al Estado mexicano a adoptar las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales como las realizadas por el Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, así como por los organismos públicos defensores de derechos humanos locales.
Añadió que otro aspecto que requiere atención urgente es sensibilizar a la sociedad para que no se estigmatice a las víctimas, ni se revictimice a las familias, por ello, es urgente que “se atiendan las insuficiencias institucionales que impiden que las personas afectadas tengan pleno acceso a la verdad y la justicia”.