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Irail Gaspar Rojas Simón heredó de su padre un terreno y casa en San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca. En 2023, rentó esta propiedad a su hermano para que viviera ahí con su familia, pero ante la deuda en el pago de meses de arrendamiento decidió promover un juicio de desahucio.
Un juzgado le dio la razón y pudo recuperar el control de su propiedad; sin embargo, ahora está en riesgo de perderlo, tras el divorcio de su hermano. En este proceso, acusó que hay colusión de jueces federales y tráfico de influencias, por lo que existe una sentencia judicial en la que buscan despojar de su casa y terreno, para entregárselo a su excuñada.
“Ya no es una cuestión legal, se ha convertido en una cuestión política en la que la exesposa de mi hermano presume que tiene el respaldo y apoyo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez. Y mis abogados han recibido información de que los jueces federales tienen línea para fallar en mi contra”, manifestó.
Gaspar Rojas explicó que firmó un contrato con su hermano Carlos Román Gaspar en el que le rentó su propiedad por un periodo de un año, del 3 de enero de 2023 al 3 de enero de 2024, pero ante el adeudo de meses de renta interpuso una demanda el 24 de abril de 2024 en la que pide la desocupación y entrega de la casa habitación por el incumplimiento y falta de pago de las rentas generadas, el pago de las rentas y el pago de gastos y costos originados en el juicio.
Recupera la casa en malas condiciones
El 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro le da la razón en su demanda con número 98/2024 y la del desahucio se ejecuta de forma forzosa hasta el pasado 7 de marzo de 2025, es decir, recupera la casa en malas condiciones.
“Cuando la actuaria judicial del Cuarto Civil ejecutó sentencia y me entregó mi propiedad, me doy cuenta, al parecer, estaba abandonada, porque estaba en malas condiciones, había comida podrida con gusanos por toda la casa había, seña que realizaba actos de brujería, mis baños estaban en muy malas condiciones, pareciera fueran públicos.
“Además, acuso a mi excuñada Laura Elizabeth Aguilar Cabrera, profesora del Tecnológico de Oaxaca, de haberse robado parte de muebles que tenía yo en ese domicilio, herramientas y materiales de trabajo que ascienden a más de un millón de pesos”, agregó.
Lo que ocurrió, continuó, es que su hermano se separó e inició una demanda de divorcio con su esposa Laura Elizabeth y, en ese proceso, su cuñada promovió el amparo 224/2025 el pasado 11 de marzo para que se le devolviera o restituyera la casa en la que vivía, y que es propiedad de Irail Gaspar Rojas, bajo el único argumento de que ahí habitaba junto con sus hijos.
“Ella sólo manifiesta que vivía en ese domicilio, pero nunca acredita que sea de su propiedad con una escritura o un acta de posesión. Aun así, el juez federal le acepta el amparo y no sólo eso, emite una suspensión definitiva en la que ordena que se le restituya en la casa”, denunció Irail Gaspar.
Lo que hicieron, explicó, es que asociaron las demandas de divorcio y de alimentos que mantiene con su hermano, cuando son dos procesos distintos y que no están relacionados en ningún modo; además, aseguró, que Laura Elizabeth A. C. tiene el apoyo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez.
“El juez federal debió analizar si hay un interés jurídico de esta señora, porque ella no fue parte en el juicio de desahucio; además, con qué carácter le otorgan el amparo si no es propietaria. El juez federal no debió ni admitir el amparo”, señaló.
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Acusa a juez federal y al Gobierno de Oaxaca
Irail Gaspar Rojas también denunció que el juez federal le ha negado el acceso al amparo porque, además, ordenó que su cuñada vuelva a usar su propiedad y que para ello recurra a la fuerza pública.
Para él, hay colusión del juez federal Rodolfo Sánchez Cepeda y de la jueza del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Aurora Rivera, para despojarlo de su propiedad. En el actual gobierno, recalcó, “continúa actuando el Cártel del Despojo”.
Incluso, apuntó, la misma jueza admite que la casa no tiene ninguna relación con la demanda de divorcio y alimentos entre su cuñada y su hermano; pero que tiene que acatar la sentencia en el amparo, porque es la orden del juez federal.
Ante esta situación, responsabilizó a las autoridades estatales y a los jueces federales de cualquier agresión que pueda ocurrir a él, a su familia y a su propiedad.
“Por estos actos de violencia patrimonial responsabilizó directamente al gobierno del estado, a la presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca, al juez Rodolfo Sánchez, a la jueza Miriam Aurora Rivera, a la actuaria Esthefanie Martínez Salas, sobre cualquier acto de molestia y violencia física, psicológica, patrimonial y documental a mi persona, a mis familiares y mi propiedad”, dijo.
