El Colegiado resolvió que la acusación de la Procuraduría (hoy fiscalía del estado) podría tener elementos para decir que hubo daños a algunos bienes, pero destacó que, para el año 2016, cuando se hizo la acusación, el delito de daños ya había fenecido, es decir, la procuraduría ya no estaba dentro del tiempo que la Ley señala para demandar por daños.
“La puntualidad para acusar por el delito de daños muchas veces demuestra cuán verdadero es el reclamo. Se suponía que los daños se cometieron en 2014, y la procuraduría acusó hasta el año 2016”, apuntaron”.
Luego, a mediados de 2022, estando preso Francisco Durán, a quien también le impusieron orden de aprehensión por este mismo delito, su defensa hizo ver al Juez de Huautla que el delito está prescrito, y éste también ordenó la liberación de Francisco Durán.
“Tenemos la total certeza de que la aberración de detener al mazateco Marcelino por un delito prescrito vino del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, la cabeza del Poder Judicial, porque incluso los jueces de Huautla en ese asunto conocen qué significa un delito prescrito y saben que les causa responsabilidad procesar a una persona por un delito prescrito”, denunciaron los familiares.
Además, aseguraron que la reaprehensión de Marcelino Miramón, por un delito que ya no existe, también fue irregular o fuera del marco de la ley. Explicaron que fue capturado en Huautla de Jiménez, pero no lo ingresaron al reclusorio más cercano, sino que se lo llevaron hasta Tanivet, Tlacolula, a otra jurisdicción, a ocho horas de su domicilio.
“Lo capturaron el 22 de mayo, pero hoy es 24 de mayo y en el juzgado de Tanivet dijeron que las horas empezaron a contar apenas hoy a las 5 de la tarde”, según la información que dieron a conocer desde la noche de ayer.
Afirmaron que esta detención y la forma en que ocurrió es una “gran trampa” para que desde el primer momento de la detención empiece la dilación sistemática en todos los procesos de sus compañeros.
“Se los llevan lejísimos. Para esas acciones es necesaria la intervención de autoridades superiores como el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, a quien ya se le dijo en su cara que, desde su llegada, las libertades que había otorgado el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca se detuvieron, aún esta detención va en contra de lo que resolvió el tribunal en el año 2017, y, por tanto, en contra de todos los derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional”.
Además, que el Poder Judicial siga siendo usado como instrumento de castigo y tortura contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, dijeron, sólo porque históricamente ha buscado su libre determinación.
“La han hecho vivir en estado de sitio desde que torturaron a sus habitantes, luego cuando criminalizaron a 40 de sus familias, mujeres y hombre, de todas las localidades del municipio. A la fecha hay 8 presos políticos y 13 personas perseguidas, entre ellas, el antropólogo Miguel Peralta”, recordaron.