Familiares e integrantes de organizaciones sociales denunciaron dilación, impunidad y simulación del Estado en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
A 19 años de su desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Nadín Reyes Maldonado - hija de Edmundo Reyes - explicó que las autoridades no han realizado ninguna acción para enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, y mucho menos, realizar las acciones necesarias para su búsqueda y localización.
Esto, dijo, a pesar de contar con una resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual está por cumplir cuatro años, y pese a las 26 reuniones con la Comisión Especial de Búsqueda (CEB).
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“La respuesta que han mantenido la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República es la simulación, la apuesta al desgaste y el olvido. Después de 26 reuniones y de reiteradas exigencias para que la CNB, como cabeza de esta comisión especial, entregará un plan integral de búsqueda como eje principal e inmediato que ordenó la sentencia, el pasado 19 de mayo se nos hizo entrega de un plan que dista mucho de ser integral dado que no contiene la suficiente rigurosidad para lograr la búsqueda efectiva de nuestros familiares”.
Además, aseguró que la CNB no ha integrado en su totalidad las observaciones realizadas por los familiares y el perito independiente Miguel Nieva, a quien le han querido delegar la responsabilidad de hacer su trabajo.
El caso de la desaparición forzada ha logrado arrancar el señalamiento claro y contundente de la responsabilidad estatal en la comisión de este crimen de lesa humanidad.
Nadín Reyes expresó que puede afirmar que la desaparición forzada de personas en México es una política de Estado, que existe una lógica de dilación y simulación de parte de las fiscalías de no investigar ni sancionar a los responsables.
En el caso de Gabriel y Edmundo, detalló, han constatado al observar la pasividad y simulación para concretar las investigaciones y dar con los responsables. Por ejemplo, dijo que testigos importantes han fallecido como lo fue Daniel Santiago Matías, indígena loxicha que pudo haber sido la última persona que vio a Edmundo y a Gabriel en las mazmorras de la policía ministerial de Oaxaca y que, en todo este tiempo, nunca fue localizado ni declarado por la Fiscalía.
“Desafortunadamente, ahora no podremos saber con certeza lo que Daniel escuchó, vio o le preguntaron aquel 25 de mayo de 2007 día en que también fue detenido y llevado a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca para que, presuntamente identificará a Edmundo y a Gabriel”.
Y señaló que la actuación de la Agente del Ministerio Público, ha dejado en evidencia que buscan proteger y mantener en la impunidad a los responsables, al no realizar las investigaciones con la celeridad y prontitud que amerita una grave violación a los derechos humanos, como la desaparición forzada.
Así como el papel de la CNB, que también ha incurrido en múltiples omisiones al no elaborar un plan integral serio que cumpla con todo lo establecido en la sentencia y los estándares internacionales en materia de búsqueda e investigación de personas.