Derecho a abortar, triunfo social y feminista, pero aún lejano a realidad de mujeres de Oaxaca: GIRE
Aunque el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) considera que despenalización fue un logro, sólo unas 100 oaxaqueñas han tenido acceso
Oaxaca de Juárez.– La despenalización del aborto en Oaxaca, concretada el 25 de septiembre de 2019 cuando el l Congreso local reformó el Código Penal del Estado para eliminar las penas que sancionaban el aborto voluntario durante las primeras 12 semanas de gestación, debe entenderse como un triunfo de las movilizaciones sociales feministas; sin embargo, no ha sido suficiente para que las mujeres ejerzan en Oaxaca el derecho a decidir.
Lo anterior es la conclusión del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) plasmada en su informe: El camino hacia la justicia reproductiva, una década de avances y pendientes, donde dedica un apartado al análisis de la legislación oaxaqueña.
“Pasaron 12 años para que otra entidad federativa (después de CDMX en 2007) priorizara la justicia reproductiva sobre estereotipos e ideologías conservadoras. Este triunfo es relevante ya que, además de ser acorde con los derechos humanos, demuestra que las movilizaciones sociales en materia de aborto, impulsadas principalmente por los movimientos feministas, pueden llegar a impactar en procesos legislativos”, señala GIRE.
Sin embargo, la organización que por más de 30 años ha acompañado a mujeres en la lucha por el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, reitera que en Oaxaca, el acceso al aborto continúa siendo limitado.
Los datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) le dan la razón. Cifras oficiales señalan que en 2019, a pesar de la aprobación de la reforma, no se realizaron interrupciones de embarazo; en 2020, se registraron 16 y hasta el 31 de agosto sumaban 47 casos. Desde agosto, el gobierno del estado puso en operación el Hospital de la Mujer, ubicado en la agencia Santa Rosa, de la capital y desde entonces, ha interrumpido 60 embarazos; en contraste, organizaciones de mujeres han rteportado cientos de casos en ese mismo periodo.
Ante ello, GIRE señala que “sigue siendo necesaria la puesta en marcha de la provisión de los servicios de aborto por parte de la Secretaría de Salud de Oaxaca para garantizar el acceso al aborto seguro a quienes lo solicitan en instituciones públicas”.
Entre las causas que la organización detalla para que las mujeres no tengan un acceso real a este derecho, la organización dice que en Oaxaca y en otras entidades del país, a pesar de la legislación que avala la Interrupción Legal del Embarazo, médicas y médicos recurren a la criminalización, la desinformación y la objeción de conciencia para negarse.
Este freno para acceder a la ILE, data de años anteriores a la legalización del aborto hasta la semana 12 en el estado; sin embargo, sigue siendo recurrente. Al respecto, GIRE recuerda el caso de Fernanda, víctima de violación sexual, tenía 18 años y quedó embarazada, por lo que solicitó la interrupción legal del embarazo en el Hospital Civil doctor Aurelio Valdivieso.
No obstante, la ginecóloga que la atendió le dijo que el aborto era un delito en Oaxaca, a pesar de que en todo el país es legal cuando es consecuencia de violación sexual. La doctora la remitió con una abogada para que presentará una denuncia penal. Fernanda asistió ante la fiscalía a presentar una denuncia. Ahí enfrentó maltrato y la revictimizaron al afirmar que “no pudo haber sido violada”. Finalmente, acompañada de GIRE, Fernanda abortó en CDMX.
Según datos de GIRE, en los últimos 10 años, no se han notificado casos a través de los SSO de mujeres que hayan tenido acceso a la ILE, tras ser víctimas de violación.
Pese a estos obstáculos, GIRE argumenta que la legislación representa un avance porque brinda seguridad jurídica a quienes abortan, y a quienes facilitan el servicio médico, de que no serán criminalizadas.
Tras la aprobación de la reforma legislativa, Oaxaca es considerada una de las entidades con penas más bajas para las mujeres que interrumpen su embarazo, después de Chiapas que no contempla penas carcelarias, únicamente servicio comunitario; y Tlaxcala donde las penas son de 15 días a dos meses de cárcel.
En Oaxaca, si se aborta luego de las 12 semanas, se considera delito y se castiga con penas de tres a seis meses de prisión y de 100 a 300 días de servicio comunitario.
De 2010 a 2020, se han presentado 73 denuncias por aborto en la entidad, mientras y se han sentenciado a tres mujeres y cuatro hombres.
