Rosalinda Dionisio Sánchez fue una de las defensoras del territorio víctima de un atentado en contra de los opositores a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán en su comunidad San José del Progreso, Oaxaca.
Ahora, con el anuncio de la venta de la mina a una empresa de Perú, sostiene que es “dudosa” esta transacción anunciada por Fortuna Mining Corp, bajo el argumento del agotamiento de las reservas minerales y el aumento en sus costos operativos.
La activista explica que la concesión otorgada por el gobierno federal para la explotación de los recursos minerales en la comunidad de San José del Progreso abarca una extensión de más de 702 hectáreas, y la compañía apenas operó en una extensión mínima de alrededor de 40 hectáreas.
“Pero hay una parte de la comunidad donde todavía hay mineral… Es que hay más mineral dentro de la comunidad. De hecho, o sea, el primer polígono pasa la mitad del pueblo.
“Entonces, a mí ahora esa es la preocupación y el riesgo que tiene la comunidad de que digan, ah, bueno, quieren trabajo, pero los tengo que reubicar. Y pues va a seguir el conflicto porque hay gente que no tenemos nada qué ver con la empresa, que seguimos viviendo del campo, que seguimos viviendo de lo que sembramos y la otra gente va a decir, "Sí, porque ya se acostumbró a esa vida, de comprar todo, tener economía, según ellos”, agregó.
Fortuna Mining Corp informó que vendió el 100 por ciento de su participación en la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. que se encuentra en San José del Progreso, municipio del estado de Oaxaca. La compañía fue vendida a JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. ("JRC"), una empresa privada peruana, según dio a conocer en un comunicado Jorge A. Ganoza, presidente, CEO y director de Fortuna Mining Corp.
La defensora y abogada Rosalinda Dionisio fue víctima de un atentado el 15 de marzo de 2012, en el que murió otro activista y quien lideraba la oposición contra la compañía minera; ella recibió varios impactos de bala, una de las balas le destrozó la pierna derecha y aún son visibles las secuelas de esa herida.
“Es que yo siento que es una táctica nada más, la verdad, yo ahí tengo muchas dudas y como pues no hay tanta información ahora, pero sí estamos tratando de buscar como para tener claridad, pero la verdad, quiénes han ellos no han trabajado de una manera honrada para creerles. Entonces ellos van a buscar formas para seguir”, afirma sobre la venta de la compañía.
Rosalinda Dionisio afirma que a más de 13 años de la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán la división en la comunidad de San José del Progreso continúa: siguen las dos fiestas, la de la gente que trabaja en la mina y de la que no trabaja para la empresa; el palacio municipal continúa cerrado, no se han elegido nuevas autoridades agrarias en asamblea y no hubo desarrollo.
“Entonces, qué sigue ahora con este cambio, que la verdad para mí es dudoso lo que están diciendo, primero porque si en verdad se hubieran ido o se hubieran desmantelado y se van. Yo siento que es una táctica”.
Con la minera, menciona, se perdió la visión de lo colectivo y lo comunitario, destruyó su forma de vida y rompió el tejido social.
Y algo más que pueden quitarles, dice, es la parte de bosque que tienen y que es la única parte que les ayuda a recabar agua, porque no tienen yacimientos; es decir, viven de los escurrimientos de agua que llegan desde el bosque.
En cuanto al asesinato de Bernardo Vásquez y las lesiones en su contra, señala que sigue sin haber justicia ni reparación del daño. “Los únicos que estaban señalados, están libres. O sea, no hay justicia pues. Es por eso decía que falta mucho de las autoridades en verdad para hacer su trabajo”.