Estas dos fracciones, se reconoce en el propio dictamen, se establecieron para evitar cualquier injerencia de personas que pudieran estar contaminadas de intereses partidistas o políticos, “recordando que la desaparición forzada de personas se da con la aquiescencia de las autoridades estatales”.
Sin embargo, justifica que esas dos fracciones establecidas en la ley estatal constituyen nuevos requisitos que no prevé la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, y además, asegura que “desalienta” la postulación de aspirantes sobre todo porque se trata de cargos honoríficos.
“Cabe aclarar que la Ley Estatal prevé que el consejo estatal ciudadano estará integrado con el acuerdo de los colectivos de búsqueda, lo cual genera certeza de que quienes se elijan deberán ser personas con conocimiento del tema y con suficiente solvencia moral para asumir tan delicado cargo”, señala el documento.
“Es necesario reconocer que los requisitos establecidos en la Ley Estatal para la integración del Consejo Estatal Ciudadano en Materia de Búsqueda de Personas pueden resultar demasiado restrictivos y desalentar la participación de personas capacitadas e interesadas en ocupar dichos cargos”, insiste.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 15 de marzo de 1964 y el 2 de febrero de 2023, en Oaxaca se han registrado 3 mil 942 reportes de personas desaparecidas y no localizadas. De este total, 3 mil 255 fueron localizadas con vida y 87 fueron encontradas sin vida; 428 están registradas como desaparecidas y 172 como no localizadas.
Las cifras nacionales, en este mismo periodo, señalan que en el país 271 mil 506 personas tuvieron reportes como desaparecidas y no localizadas, de las cuales 160 mil 896 fueron localizadas: 11 mil 166 sin vida y 149 mil 730 con vida. Mientras que 96 mil 684 están como desaparecidas y 13 mil 926 como no localizadas.