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Emeterio Santiago Hernández, una persona indígena originaria de San Juan Liviní, Ozolotepec, decidió tomarse un descanso, en lugar de ir a trabajar fue a almorzar a la Central de Abastos de la ciudad de Oaxaca en el local de su esposa Alfreda Ruiz Hernández, donde ella vende memelas, empanadas y tlayudas; y ahí permaneció casi toda la mañana.
Alrededor de la una de la tarde de ese martes 13 de octubre de 2015 sale del puesto de comida de su esposa para irse a su casa en su vehículo, un Tsuru color blanco. Cuando conducía sobre la carretera que conduce a Cuilápam de Guerrero, un municipio conurbado a la capital del estado, se atraviesa un carro azul que le impide continuar conduciendo y del cual bajaron unos hombres que se identificaron como parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado.
Los agentes lo bajaron por la fuerza de su vehículo con el argumento de que había atropellado a una persona unas calles atrás. Su respuesta fue que no había atropellado nada, pero fue encañonado con una pistola en la cabeza, lo llevaron arrestado con la promesa de que únicamente iría a declarar; pero lo empezaron a torturar.
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En las instalaciones de la AEI ubicadas en la agencia La Experimental del municipio de San Antonio de la Cal, los agentes los golpearon en los costados y en los oídos, le vendaron los ojos, lo esposaron con los brazos hacia atrás, le colocaron una bolsa de plástico en el cabeza, hasta que perdió el conocimiento, y al despertar fue obligado a permanecer de rodillas toda la noche.
Al día siguiente continuó la tortura: le infringieron toques eléctricos en el cuello mientras le daban golpes en la nariz que causó un sangrado profundo, lo golpearon con las palmas de las manos en los oídos. Un agente lo sentó en una silla metálica, tiró agua en el piso y le dio toques eléctricos en el cuello, y otro continuaba golpeándolo en el rostro.
De acuerdo con su relato, los miembros de la AEI primero le pidieron 30 mil para dejarlo libre; luego, le exigían que aceptara su responsabilidad en un homicidio, y lo amenazaron con asesinar a su esposa e hijo si no aceptaba los delitos que se le imputan.
Alrededor de las 11: 00 horas de la noche, unas mujeres le llevaron unos papeles para que firmara, y al negarse uno de los agentes lo golpeó en los costados de su cuerpo, por lo que tuvo que firmar esos documentos de los cuales desconocía que contenían. Pero la tortura no se detuvo, continuó durante varios días.
Su familia no supo nada de él hasta después de cinco días, tiempo en el que lo mantuvieron incomunicado y torturado. Cuando fue detenido, no hubo ninguna orden de aprehensión; ésta, la presentaron hasta finales de noviembre por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre.
“Yo no sabía y yo le marqué, y en la tarde cuando ya me fui para la casa, le marqué otra vez y en la primera vez si entró la llamada y después ya no entró la llamada. Él siempre llega temprano a la casa y ya eran las 10 de la noche y nada, y todo el otro día nada y en la mañana nada. Empecé a decir a sus hermanos, a su mamá y a todos, que él no llegó esta noche a dormir, y se empezaron a preocupar todos y empezamos a buscarlo. Pensamos que le había pasado un accidente o algo así, lo buscamos en los hospitales y en la cárcel municipal de Cuilápam de Guerrero”, recuerda su esposa Alfreda Ruiz Hernández.
Cuatro días después, el 16 de octubre de 2015, pudo comunicarse con su familia y les informó que estaba detenido en la penitenciaría de Santa María Ixcotel.
Tortura en Oaxaca
El Observatorio contra la Tortura, con datos hasta 2022, señala que ese año en Oaxaca se iniciaron 107 carpetas de investigación por el delito de tortura, en las cuales 135 de las víctimas son hombres y 25 mujeres.
A estas se suman siete carpetas de investigación por tratos crueles e inhumanos, en las que cuatro víctimas son hombres y tres son mujeres.
Pero de estas carpetas de investigación, sólo siete casos fueron judicializados, en 43 la Fiscalía de Oaxaca decretó el no ejercicio de la acción penal, 23 casos los dejó en archivo personal, uno en reserva, y 22 fueron reclasificados.
El Observatorio señala que en el 44.4 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en todo el país, funcionarios de las fiscalías estatales son señalados como los responsables, en el 27.9 por ciento se señala a policías estatales y en el 27.3% de los casos a policías municipales. En el 0.3% señala a funcionarios del sistema penitenciario.
Mientras que en el periodo de 2014 a 2024, según su monitoreo ciudadano de la implementación de la Ley General contra Tortura, existen en el estado 697 expedientes de investigación iniciados por este delito; y de los cuales, no hay ninguna sentencia contra los autores de estos hechos.
En relación al número de carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas, la Fiscalía General de Oaxaca reportó que no se ha realizado ningún peritaje médico y psicológico a las víctimas.
Sobre la atención y reparación del daño a las víctimas, el Observatorio contra la Tortura revela que sólo 32 personas como víctimas directas o indirectas se encuentran registras por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Registro Nacional de Víctimas.
