En 3 años, conflictos y violencia causan desplazamiento forzado de más de 3 mil personas en Oaxaca
Más de 6 mil 194 personas tuvieron que abandonar sus lugares de origen en los últimos cinco años en Oaxaca, por la violencia causada por conflictos agrarios
Oaxaca de Juárez.- De 2019 a 2021, al menos 3 mil 194 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado, de acuerdo con una revisión hemerográfica llevada a cabo por EL UNIVERSAL.
Según la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (CMDPDH), alrededor de 2 mil 700 personas fueron desplazadas de manera forzada en el 2017 y 300 más en el 2018.
Así, más de 6 mil 194 personas tuvieron que abandonar sus lugares de origen en los últimos cinco años en Oaxaca, por la violencia causada por conflictos agrarios y políticos, así como por determinaciones de comunidades que se administran bajo Sistemas Normativos Indígenas.
El caso más recientes es el de tres localidades de San Esteban Atatlahuca, municipio de la región Mixteca. Durante tres días hubo agresiones armadas en Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, que obligaron a huir a al menos 400 personas. Las versiones oficiales y extraoficiales señalan problemas entre estas localidades por la asignación de los recursos públicos de los ramos 28 y 33, además de un conflicto político resultado de sus elecciones municipales.
El Estado mexicano reconoció hasta 2019 la figura legal de desaplazamiento forzado interno, señala el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla.
Foto: Edwin Hernández
Es preocupante, señala, porque no sólo queda en riesgo el derecho a la vida, sino a la integridad, la seguridad personal, la dignidad, a la verdad y a la justicia (cuando existen víctimas mortales), a la libre circulación, a la convivencia y a la paz.
Entre las causas del desplazamiento forzado en la entidad, la DDHPO señala conflictos agrarios y político-electorales; las resoluciones de las asambleas comunitarias relacionadas con el tequio o con la obligación de acatar su sistema de cargos internos; la intolerancia religiosa y fenómenos naturales.
Además, en los últimos tres años la defensoría ha detectado desplazamientos causados por conflictos entre agencias y cabeceras municipales por la entrega de recursos públicos.
“Cinco o seis factores que en el caso particular de Oaxaca han generado desplazamientos internos, [lo] que nos resulta preocupante porque se convierte en un tema de riesgo y de violaciones a derechos humanos”, apunta Rodríguez Alamilla.
Los rasgos comunes de estos desplazamientos forzados, detalla, son la marginación o los bajos niveles de desarrollo humano, según los estándares oficiales; en estas comunidades existe poca o nula presencia de las instituciones del Estado, lo que permite que los conflictos no se puedan resolver de manera pacífica, deriven en violencia y provoquen la expulsión obligada de personas.
Los desplazamientos se dan generalmente hacia las cabeceras municipales cercanas, que en su mayoría son pequeñas y carecen de recursos para dar atención integral a las personas desplazadas.
“Sí les dan cabida en sus espacios, pero generalmente en el corto o mediano plazo saturan la ayuda que les podrían facilitar esos municipios. Ahí, entonces, es importante la participación de otras instituciones estatales e incluso federales”, sostiene el titular de la DDHPO.
En este fenómeno, advierte, no existen mecanismos institucionales de reacción inmediata que atiendan bajo un enfoque de derechos humanos; sobre todo porque entre las personas desplazadas hay niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con discapacidad, quienes se vuelven doblemente vulnerables cuando son obligados a dejar sus hogares y territorio.
Tampoco existe un censo claro y preciso de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, con el cual se pueda conocer la magnitud del problema y el nivel de atención que necesitan.
Aunque muchos desplazamientos inician por conflictos agrarios, políticos o de otro tipo, se van complejizando con el tiempo, derivando en rompimiento del tejido social y más violencia.
Por ejemplo, 198 personas fueron desplazadas con violencia de Tierra Negra, San Juan Mazatlán Mixe, en 2017; este municipio presenta hoy en día conflictos por la falta de entrega de recursos federales, por lo cual han bloqueado vialidades en las últimas semanas.
Otras 290 personas fueron desplazadas de Sola de Vega por un conflicto territorial con San Vicente Coatlán, en 2018.
Y más de 300 desplazados de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes llevan cuatro años sin un retorno seguro.
Rodríguez Alamilla agrega que no existen protocolos de atención a las personas desplazadas por parte de las diferentes instituciones del Estado a nivel local, estatal ni federal.
“Al ser un tema reciente, es decir, apenas reconocido por el Estado, falta generar todo un andamiaje institucional y eso implica también saber el nivel de responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales, pero también cómo actúan estas autoridades de manera inmediata y bajo un enfoque de derechos”.
De ahí que otro rasgo común de estos desplazamientos forzados es que no existen fondos económicos para atenderlos.
“Te dicen que reconocen el tema, pero que no hay recursos para atenderlo y tienen que activar una serie de acciones al interior de sus instituciones para poder generar una apertura de recursos. Lo ideal es que exista una partida destinada específicamente para personas en situación de desplazamiento”.
Tampoco hay protocolos de atención para garantizar los retornos seguros y ordenados. Las instituciones, dice, deben construir procesos para que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares.
