Sergia Zepeda González, una de las portavoces del grupo de mujeres, apuntó que el gobierno estatal también ha cancelado de manera reiterada una mesa de trabajo en la cual puedan exponer sus demandas y acusó que cuando las atienden, lo hacen de manera informal debajo de un árbol en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.
El pasado 17 de abril, agregó, entregaron un documento al gobernador Salomón Jara y al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en el que puntualizan cada una de sus peticiones.
También piden poder ejercer su derecho al trabajo, que fue violentado cuando fueron desalojadas la madrugada del 2 de diciembre de 2022, el primer día de gobierno morenista.
Además, exigen la revisión jurídica y coordinación con el Poder Judicial de los casos de sus compañeros presos políticos Alfonso Martínez Ortega, Juliantino García Ramírez y Reynaldo Martínez Álvarez, quienes aseguran que fueron sentenciados a largas condenas por crímenes que no cometieron.
Sergia Zepeda también afirmó que el gobierno de Salomón Jara no las reconoce como víctimas de desplazamiento forzado interno porque en diciembre de 2022 les retiraron las medidas cautelares 197/2010 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Solicitamos que dejen de hacerlo ya que nos revictimizan y estigmatizan", dijo.
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