Oaxaca. - “La vida de una persona puede depender de una buena o mala interpretación”, señala Rubí Huerta Norberto, intérprete y hablante de la lengua purépecha, durante la jornada de evaluación para certificar a intérpretes en lenguas indígenas nacionales, en Oaxaca; en México apenas suman 2 mil intérpretes en lenguas indígenas.
La intérprete expuso que es un derecho humano contar con intérpretes, y por ello, es necesario fortalecer a estas personas de manera permanente, especialmente en contextos migratorios y de justicia que atraviesan las comunidades originarias de México.
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En este sentido, 80 personas hablantes de lenguas indígenas participaron en el proceso de certificación en lenguas indígenas nacionales, para fortalecer los derechos lingüísticos en México, de acuerdo a Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
La evaluación fue de carácter diagnóstico, cuyo propósito es identificar áreas de mejora y garantizar procesos formativos posteriores, donde la labor de las personas intérpretes es indispensable para que el Estado garantice el acceso a la justicia, salud, educación y trámites públicos en la lengua originaria.
En México se estima que apenas son cerca de 2 mil intérpretes para distintos sistemas, de acuerdo al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI) del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
Por ejemplo, para el sistema de Salud apenas y se cuenta con 406 personas, en atención de programas sociales son 294, hay un registro de solo 12 personas como prestador de servicios de traducción de textos de lengua española a lengua indígena y viceversa en el ámbito de Procuración y Administración de Justicia, este número es para todo el país.
El número de intérpretes es mínimo en contraste para una población indígena. En 2023, en México, 7.4 millones de personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, de acuerdo al último comunicado del INEGI sobre la población indígena.
Los estados con mayor porcentaje de personas de una comunidad indígena son: Oaxaca con 26.3 por ciento; Yucatán, 24.3 %; Chiapas, 22.4 %; Guerrero, 13.5 % y Quintana Roo con 12.9 por ciento.
En este contexto, Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), recordó que la certificación surge como un mecanismo necesario para garantizar certeza jurídica y respeto a los derechos de las personas indígenas, especialmente en los sistemas de justicia estatal.
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El abogado, activista e intérprete reconoció la larga lucha por el reconocimiento del trabajo interpretativo e insistió en la urgencia de avanzar hacia un pago digno, “la sensibilización de operadores de justicia y la construcción de rutas de formación especializada en temas como salud, desaparición forzada o tortura”.
En la jornada de evaluación para la certificación asistieron personas de al menos 15 entidades y hablantes de alrededor de 36 variantes lingüísticas.
Las y los participantes fueron convocados por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET),; e integrante de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI) con presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con la metodología de evaluación y la emisión de certificados a cargo del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI).
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