El llamado
Plan B en materia electoral del
presidente Andrés Manuel López Obrador ya está publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el cual implica una reestructuración del
Instituto Nacional Electoral (INE), la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral y se da manga ancha a partidos para hacer proselitismo y actos anticipados de campaña.
La reforma modifica cuatro leyes -Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación– lo que involucra más de 400 artículos.
Se elimina la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro -conocida como la vida eterna a los partidos- y poner un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que el Presidente de la República.
Lee también Tras publicación del plan B, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, queda cesado Se permite a personas en prisión preventiva votar y se establecen límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.
Es decir, las manifestaciones de los servidores públicos que se realicen en el uso de su libertad de expresión o en el ejercicio de sus funciones públicas, no constituyen propaganda gubernamental.
De acuerdo al dictamen final avalado en el Senado la semana pasada, el Plan B obligará al INE a eliminar unas 300 juntas distritales, encargadas de la preparación, organización y celebración de elecciones.
Lee también Edmundo Jacobo es un “cínico” por quejarse de su cese del INE tras 15 años en el cargo: AMLO La reforma presidencial plantea que en vez de ello existan oficinas con una sola persona a cargo, sumado a la reducción de la estructura de las 32 juntas locales en el país, que se reflejará en recortar 262 puestos de funcionarios electorales especializados.
Asimismo, la reducción de las 300 juntas distritales se reflejará en un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se estima que 1,500 plazas serán eliminadas.