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El SESNSP y la fiscalía detallan que en 2020 se reportaron 38 feminicidios, 12 órdenes de aprehensión y tres sentencias; en 2021, 45 feminicidios, 13 órdenes de aprehensión y 13 sentencias; en 2022, 45 feminicidios, 17 órdenes de aprehensión y nueve sentencias, y hasta el 7 de marzo de 2023, 18 feminicidios, ocho órdenes de aprehensión y una sentencia.
Además, señala que entre las víctimas de homicidio doloso no observa los homicidios calificados: “Entonces hay un error en la clasificación de los delitos, de los casos”.
La fiscalía local detalla que en 2022 se registraron 174 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 45 (25.8%) se clasificaron como feminicidios; uno de cada cuatro. Mientras que del 1 de enero al 7 de marzo de 2023 reporta el asesinato violento de 32 mujeres, 18 clasificados como feminicidios, lo que equivale a 56.2% o uno de cada dos.
“Estamos en primer lugar en feminicidios. Haciendo una revisión, hace unos días, justo para revisar la impunidad, hay un informe de Impunidad Cero que registra de 2016 a 2021 el tema de las sentencias en los homicidios de mujeres, principalmente de feminicidios, y establece que Oaxaca tiene 100% de impunidad en feminicidios”.
La impunidad es de 100%, explica Benítez Cristóbal, porque una sentencia condenatoria no implica que esté confirmada o “ejecutoriada”, como se dice en términos legales, porque el sentenciado tiene un plazo para inconformarse con la resolución o sentencia.
Tampoco se sabe, dice, en cuántas de esas sentencias se contempló la reparación del daño, porque la información disponible únicamente habla de ejecución de órdenes de aprehensión y sentencias.
“Falta información valiosa, es decir, saber cuántas de esas incluyeron la reparación del daño que no necesariamente se trata de compensación económica, sino otras medidas de reparación, como garantías de no repetición y algunas otras más que van a ayudar a medir la impunidad en el componente de feminicidios”, dice la activista.
El mensaje, dice, es que las autoridades no valoran las situaciones de riesgo que viven las mujeres oaxaqueñas: “Tendrían que estar midiendo y valorando si en los casos que están atendiendo hay riesgo feminicida, el riesgo de que esa mujer pueda perder la vida”.
“Aparte de que no hay protección en términos primarios, no se está previniendo en los casos que ya ocurrió la violencia, que ya acudieron a buscar ayuda y no existe el mecanismo de identificación y detección para emitir las órdenes de protección, incluso sin denuncia.
La ley estatal de acceso dice que si una mujer llega a un juzgado familiar o de ejecución, aunque no tenga otro expediente, ahí tendrían que estar atendiendo y emitiendo órdenes de protección, pero eso evidentemente no se aplica”.
